La Justicia intervino una fundación de la Universidad Tecnológica
Es la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, usada por YCRT para canalizar fondos millonarios.
En la misma resolución en la que citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la presunta comisión de delito en el manejo de millonarios fondos públicos para la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), el juez federal Luis Rodríguez dispuso la intervención judicial de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FFRS), investigada por su utilización para canalizar los presuntos sobreprecios analizados en la causa. A partir de ahora, advirtió en su resolución, pondrá el foco sobre ella en esta misma causa por presunto lavado de dinero.
El magistrado dispuso remover a sus actuales autoridades y poner al frente de la fundación al especialista que designe el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, y además ordenó prohibir “cualquier pago o prestación de servicios” entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) “que se relacione con el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica de fecha 14 de ene- ro del año 2008, sin la previa autorización de este Tribunal”.
El juez no creyó conveniente disponer una intervención judicial similar sobre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN por cuanto “resultaría contraproducente con sus fines públicos y sociales”. Por ello sólo prohibió “cualquier pago o prestación de servicios” entre ellas.
La intervención sobre la fundación tiene vigencia por seis meses y el administrador que designe Abad deberá “individualizar las personas físicas y jurídicas a las que le presta servicios” la fundación, “detallando el instrumento jurídico de contratación”, así como también tendrá que “individualizar las personas físicas o jurídicas que prestan servicios a la Fundación”.
Además, el futuro administrador de la fundación deberá “informar sobre todas las operaciones de importación y exportación aún no concluidas, individualizar todos los empleados actuales y pasados de la Fundación, detallando las tareas y las funciones de cada uno de ellos y determinar las deudas que la entidad posee, su estado actual, y la existencia de negociaciones, mediaciones y/o juicios en relación a tales deudas”.
La fundación intervenida es la que, entre otras obras, fue contratada por YCRT para la fallida restauración de un tren turístico de 22 kilómetros en los que el Ministerio de Planificación a cargo de De Vido gastó 246 millones de pesos entre 2014 y 2015.
Rodríguez también dispuso la inhibición general de bienes de la fundación y el “bloqueo del egreso de los fondos de las cuentas bancarias abiertas y pertenecientes” a ella “y del acceso a sus cajas de seguridad”. Y para ello identificó a la Policía Federal tres sucursales de tres bancos con los que se maneja la fundación.
A través de la fundación se facturaron “bienes y/o servicios correspondientes a los convenios celebrados” entre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN. En su investigación, el magistrado detectó “millonarias inversiones” realizadas por la fundación creada a partir de estos acuerdos. También se descubrió en la causa que FFRS “emitió numerosos cheques a personas físicas que fueron cobrados por caja”.
El juez también ordenó el embargo de la única propiedad que su investigación determinó a nombre de la fundación, la unidad funcional 3 del Complejo Palmas de Rocha, ubicado en Triunfo Argentino 99, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. La propiedad fue adquirida en 2013 y es alquilada desde mayo a otra persona jurídica.
De acuerdo con Rodríguez, la triangulación realizada entre YCRT, la Facultad y la Fundación –constituida por miembros de la propia Facultadpermitió la disposición de fondos públicos sorteando ‘los diversos controles en materia de contratación’, generando así un perjuicio a las arcas del Estado Nacional”.