Hay 3.300 funcionarios clave y sólo 7 elegidos por concurso

Nada nuevo habría en decir que la Argentina tiene un Estado grande. Aunque eso no sería en si mismo ni enteramente malo ni enteramente bueno, si no fuese por la pobre calidad de los servicios que presta y por la magnitud de la presión impositiva que implica sostenerlo. Y sostenerlo en sus tres niveles: el nacional, el provincial y el municipal.

Hay además un Estado dentro del Estado dispendioso e ineficiente. Una matriz polí

tica que fue impregnándolo desde la crisis de 2002, que escaló a grandes alturas durante los años de Néstor y Cristina Kirchner y que en algún sentido sigue vigente.

Se la puede ver a través de un minucioso trabajo de los especialistas Laura Zuvanik y Gonzalo Diéguez. Lo llamaron El juego de la

oca y está publicado en la página del Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo (CIPPEC).

Para empezar, valen un par de aclaraciones: los funcionarios políticos no son por definición profesionales sin aptitudes, ni por lo mismo existe alguna contradicción entre el venir de filas partidarias y la capacidad. La controversia ancla en que la política, o una manera de entender la política, hizo que de ellos se hubiese poblado la Administración Pública Nacional.

Añadido corre que ocupan la primera línea de la Alta Dirección Pública (ADP), un

lugar estratégico según Zuvanik y Diéguez porque actúa como un vaso que comunica “la gestión operativa y su entorno político”. Dos módulo que a menudo se confunden en uno solo.

Así, de los actuales 3.300 cargos con funciones ejecutivas sólo 7 fueron cubiertos por concurso. Todo bien parecido a decir mucho nombramiento a dedo.

También lo es, en datos del 2015, que el 78% de los directores nacionales o directores generales hayan sido designados bajo el difuso formato “asignación transitoria de función superior”. Esto es: poco de transitorio y bastante de permanente o, si se prefiere, un argumento fácil de asimilar a una argucia. Nada casual: justo en puestos considerados estratégicos.

Pero además de “transitorios” y sin pasar por una selección de aptitudes previa, el informe de Zuvanik-Diéguez cuenta que la mitad de ellos “no cumple con los requisitos mínimos para el cargo”. O sea, tres años de experiencia en conducción de equipos de trabajo y seis en tareas de complejidad similar a la que ocupan. Del universo completo, apenas computan un 5% por concurso.

Ni buenos ni malos, sólo contrastes. En un Brasil donde abunda la política y no de la me-

Desde 2002, la política mandó claramente en los nombramientos del Estado. Y trepó a grandes alturas durante los años de Néstor y Cristina.

jor, el 68% de los funcionarios de la primera línea entró por concurso y un 32% sin concurso. En Chile, 90% contra 10%.

Según comenta el informe, el problema no sería resuelto a puro concurso. Es que llegado el caso, seguiría vivo un punto nada menor: no están claros los roles que cumplirían ni el para qué serían designados.

Seguramente en todo medie la confianza en los cuadros propios, aunque salta evidente que hay mucho más que éso: punteros, parientes, alianzas sindicales o, tal cual pasó en la era K, gente puesta a controlar otra gente.

La síntesis es que impera un modelo de gestión dictado por “la competencia política” o

un modelo en que la política suele prevalecer sobre otro tipo de competencias.

El trabajo recuerda que antes de 2002 hubo iniciativas orientadas a profesionalizar la administración pública y a privilegiar los concursos, como en 1984 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín o en el período 1993-99, bajo la de Carlos Menem. Pero como fueron ensayos truncos y al fin fallidos, de ahí surge lo del juego de la oca: unos pasos para adelante y varios pasos para atrás.

Diéguez se esperanza con ciertos aires de cambio que nota en el macrismo. Por ejemplo, la decena de nombramientos elegidos por competencia el año pasado y la promesa de sumar pronto unos 300.

Claro que al mismo tiempo Mauricio Macri creó cuatro ministerios e incorporó 168 direcciones nacionales o generales nuevas, según informa el relevamiento publicado por el CIPPEC. La grilla muestra hoy 585 cargos de esa naturaleza.

Más que probable, seguro, el Presidente optó por técnicos de confianza designados por ministros de confianza. Pero tal cual sucede con tantas cosas, al cabo todo se ve andando.

Ya con el foco colocado fuera de la Administración Nacional, otros estudios cantan que entre 2000 y 2016 el empleo público provincial creció un 60% y 90% el municipal. El saldo da dosis de política considerables en los tres niveles del Estado.

Agregan algunos especialistas al cuadro general: “Cuesta encontrar casos donde queden reflejadas la participación de los ciudadanos y las aspiraciones de los electorados y en los que, además, no sobren contrastes entre la información disponible y la que manejan los propios gobiernos”.

Sus conclusiones y las de varios más plantean la necesidad de reconstruir el Estado en base a modelos diferentes. Y avanzar hacia políticas institucionalizadas y con amplio consenso: “Puede sonar a demasiado, pero ya es hora de empezar”, dicen.

A esta altura de la historia, luce notorio que de aquellas y de otras tantas ausencias devienen también la calidad y el costo de los servicios públicos que tenemos.