La Corte española frena el intento por la independencia de Cataluña
El Tribunal Constitucional paralizó la norma impulsada por los independentistas para regular el camino hacia la secesión de Cataluña. Y admitió un recurso contra la creación de una Hacienda del “estado independiente” para recaudar impuestos.
El Tribunal paralizó la norma impulsada por el Gobierno catalán que regulaba el camino para la separación de esa región del Estado español. Y ordenó secuestrar las urnas. Así, trata de impedir el referéndum del 1° de octubre con el que los catalanes se pronunciarían sobre la independencia. En parale- lo, el Gobierno español le ordenó a la Policía de Cataluña que impida la consulta, a la que considera “delito”. El tenista Rafael Nadal se sumó a la lista de celebridades que llaman a la unidad española: “Somos más fuertes juntos que separados”, dijo.
Continua la firme ofensiva contra los independentistas para impedir el referéndum ilegal del próximo 1° de octubre. El Tribunal Constitucional dejó sin efectos jurídicos, ilegalización, a la segunda y decisiva ley de ruptura total entre Cataluña y España, la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada el jueves pasado por el Parlamento de Cataluña. De esta manera el Alto Tribunal ha paralizado sucesivamente las dos leyes principales para la secesión catalana de España, incluía la del Referéndum y “los decretos de la Generalidad que las desarrollan”.
También se admitió el recurso contra el decreto de Código Tributario de Cataluña que desarrolla la Hacienda del “estado independiente” que postulan los secesionistas. Además, el je- fe de los Mossos de Esquadra fue citado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde el fiscal le leyó una serie de instrucciones “para evitar la comisión del delito”, es decir la realización de referéndum ilegal.
Los Mossos son una fuerza de seguridad catalana, pero que cobra sus sueldos del Estado español, no de la Generalitat. El fiscal recitó: “Deben requisar urnas y todo material como papeletas, manuales, ordenadores y material electrónica, copias del Censo no legítimo”. Las instrucciones se extendieron a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las otras dos policías judiciales a las órdenes de los magistrados.
Después de una escandaloso trámite, carente de legitimidad democrática, en un Parlamento catalán que pasó por alto todas sus propias reglamentaciones, se aprobaron, a toda prisa y en medio de gritos, pataleos y enfrentamientos, las dos imposiciones. Desde entonces, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cesa de repetir que “nada de lo que venga de España, especialmente el Constitucional, puede afectarnos porque hay dos legalidades, la catalana y la española”.
Ambas leyes se aprobaron como “Normas Supremas”, o sea, sin que exista ninguna regulación superior. La ley de Transitoriedad comenzaría a regir si triunfa el voto positivo en el plebiscito fuera de la ley.
La “mini Constitución catalana”, ley de Transitoriedad, aborda con toda decisión la ruptura total, base de la nueva legalidad. Al declararse la independencia, los Mossos de Esquadra (policía) deben ocupar de inmediato el control de las fronteras y aduanas reemplazando a la Policía Nacional española y la Guardia Civil.
La “mini Constitución catalana” aborda con decisión la ruptura en base a la nueva legalidad.
Las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire ya no tienen jurisdicción en la nueva República soberana y deberán abandonar a la brevedad el territorio catalán. La única entidad que podrá portar armas serán los Mossos, lo que excluye a los guardia civiles y policías nacionales.
En total, el texto ilegalizado por el Constitucional incluye 89 artículos y tres disposiciones finales. Uno de los problemas más urgentes es la financiación de la independencia y la República Catalana, de muy magros fondos actualmente.
La cuantiosa deuda pública catalana y la aventura independentista ha hundido cualquier esperanza de financiación con crédito exterior. Los títulos de la deuda pública catalana están degradados como “bonos basura”. Estos últimos días, con la consagración por Carles Puigdemont de las “dos legalidades, dos gobiernos y un país" (Cataluña), los bonos han profundizado su caída.
La única fuente de financiación que le queda a Cataluña son los avales por España para el Banco Central Europeo. Las nuevas instituciones independientes tendrán una catarata de gastos que sufragar: el servicio diplomático, cuyo embrión disfrazado de representaciones comerciales, ya pesa mucho; las nuevas tareas de los Mossos como única fuerza armada significan grandes usos de fondos que no existen; y así todas las actividades que la ley ilegalizada describe en su “mini Constitución”. La República es una fascinante idea pero ¿cómo y quién la paga?
La “solución mágica” es crear una nueva Hacienda catalana que deberá recaudar dinero de todos lados. Y lo más rápido posible. Por empezar, los contribuyentes, particulares, empresas, bancos e instituciones financieras deben cesar de pagar sus tributos a la Hacienda española y hacerlo en Cataluña. El gobierno español anunció que recurrió ante el Constitucional esa nueva Ley Tributaria y seguramente la dejará sin efecto. Las autoridades españolas ya aclararon que el que se atreva a no pagar impuestos será investigado y sancionado con fuertes multas.