Doce países piden a la ONU que retire a Venezuela del Consejo de DD.HH.
Los doce países latinoamericanos que en agosto último firmaron la llamada Declaración de Lima, en la que denunciaron que Venezuela se ha convertido en una “dictadura”, reafirmaron ayer que el gobierno de Nicolás Maduro no cumple los “requisitos y obligaciones” para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
El grupo crítico está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Ayer, en una declaración conjunta denunciaron que la Asamblea Constituyente venezolana creada por el régimen de Maduro es “ilegítima” y produjo un “quiebre democrático”.
Unos minutos antes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció en el recinto que la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las protestas antigubernamentales entre abril y julio de este año podría constituir “crímenes contra la humanidad”.
La constatación de Zeid se basa en lo recabado por expertos de su Oficina que investigaron los hechos , y que fue recogida en un extenso informe publicado el pasado agosto. En ese texto se detalla el uso de fuerza exce- siva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas y restricciones a los opositores.
Tomando como base este informe, el grupo de los doce países críticos resaltó que un gobierno acusado de graves violaciones contra su propio pueblo no cumple con los estándares necesarios para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En forma paralela, la Comisión Internacional de Juristas, una ONG compuesta por 60 jueces y abogado de todo el mundo, presentó ante el organismo un duro informe donde acu- só al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de estar “al servicio incondicional del poder Ejecutivo”, y de haber tomado decisiones que constituyeron “un verdadero golpe de Estado”.
La ONG, que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU, sostuvo que pudo constatar “la pérdida de independencia del poder Judicial, el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, en general, el ocaso del Estado de Derecho”.
La Comisión Internacional de Juristas destacó que “la parte más crítica de la pérdida de independencia del Poder Judicial radica en su máximo órgano: el Tribunal Supremo de Justicia”.