Un debate anacrónico y la crisis educativa
La Corte Suprema abrió el debate sobre un tema que aparentemente había quedado saldado con la sanción de la Ley 1420 (1884), la Ley Láinez (1905) y la Reforma Universitaria, durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Tras cuatro audiencias públicas, ahora se aguarda el fallo.
En 2008, la provincia de Salta dictó una ley que repuso la enseñanza religiosa obligatoria en los establecimientos de educación pública. Desde el impulso curricular de Domingo Faustino Sarmiento hasta ese momento, podía ser dictada fuera del horario de clases.
El juicio recorrió las tres instancias judiciales de la provincia hasta que llegó en apelación final ante la Corte Suprema. El alto tribunal abrió la interesante (y democrática) opción de los “Amicus Curiae”
(Amigos del Tribunal) para que diversas instituciones de la sociedad civil expresen sus opiniones complementando las valoraciones jurídicas contenidas en el expediente.
Diversos credos religiosos, educadores, universidades, la Masonería Argentina y organismos de derechos humanos, entre otros, se expresaron con exposiciones de diez minutos cada una en las cuatro jornadas ante la atenta mirada de los Ministros de la Corte. Uno de ellos, Carlos Rosenkrantz, se excusó por su pertenencia a la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), que en 2010 presentó un amparo colectivo contra el Estado Provincial para que se declaren inconstitucionales las leyes y disposiciones sobre educación religiosa en escuelas públicas de Salta junto a un grupo de padres.
Consideraron que ese régimen educativo (Ley Provincial 7.546) sancionado a diez meses de comenzado el primer período del actual gobernador Juan Manuel Urtubey, vulnera la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que fueron incorporados a su texto en 1994, los derechos a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad de sus familias e hijos. Ése es el expediente que ahora analiza la Corte Suprema.
Con independencia de la sentencia definitiva que recaiga en este juicio, resulta interesante la observación de la pugna que esta situación expresa entre el pasado y el futuro. La sana crítica de los jueces también dirá del camino que propone la Justicia, uno de los tres poderes del estado democrático, y dará señales para saber si será posible el advenimiento de la modernización del país y su desarrollo, según lo
propone el Poder Ejecutivo Nacional.
Sorprende la dilapidación de energías sociales que generan situaciones de este tipo, que esterilizan mayores y mejores debates, sobre todo en materia educativa, una infraestructura básica como lo son los caminos, las redes ferroviarias y la energía de todo tipo, entre otros. La educación argentina viene barranca abajo desde hace varias décadas sin que los sucesivos gobiernos y sus diferentes signos ideológicos y políticos acierten con la solución a la sencilla y simplificadora premisa de que los educandos aprendan y que los maestros y profesores enseñen en condiciones donde
el progreso sea posible. Por ley se invierte más del 6% del Producto Bruto Interno.
Vivimos en un tiempo de educación permanente porque muchos saberes caen en desuso y son inmediatamente reemplazados. Si bien permanecen los ciclos tradicionales de enseñanza (infantil, primaria, secundaria, terciaria y universitaria), no es un secreto que las nuevas necesidades abren puertas hasta ahora impensables y que las aulas ya no son solo presenciales: las aulas virtuales del mundo globalizado permiten educación a distancias de cerca-
nía inmediata o a miles de kilómetros.
Bajo ese contexto, esta experiencia judicial suena anacrónica, pero su desenlace mostrará de qué llaves dispone la sociedad para abrir a la Argentina hacia un mundo cuya civilización corre a veloci
dades nunca registradas. La llegada del hombre a la Luna, Internet, la telefonía celular, los autos eléctricos, las exploraciones del espacio, la medicina genética y tantas otras manifestaciones de la ciencia y la tecnología nos dicen que salimos del lugar que conocíamos y estamos en tránsito hacia realidades diferentes, a veces desconocidas.
Esa parece ser la discusión de fondo que se plantea estos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Será cierto que “lo esencial es invisible a los ojos” como lo planteó El Principito de Antoine de Saint Exupéry?