Cómo no tratar una desaparición
Hay política de la peor, testigos falsos y testigos que se contradicen, pruebas que no son pruebas, buscas, internas entre fuerzas de seguridad y un aparato del Estado que se muestra incapaz de resolver casos complejos. En estos 43 días nada faltó y sobró de todo alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado.
Cada cual puede sacar sus conclusiones como quien mira un álbum de fotos. Deteniéndose en unas y salteando otras:
Con precisiones imprecisas se denuncia la desaparición. El Ministerio de Seguridad reacciona tarde. Sólo repite lo que repite la Gendarmería: no hubo detenidos en el desalojo de la ruta cortada por activistas de la Resis-
tencia Ancestral Mapuche (RAM).
A la demora del Ministerio de Seguridad la Justicia responde de apuro y presionada por el cristinismo: caratula la denuncia como de
saparición forzada. Es decir, lesa humanidad. Es decir: lo hizo el Gobierno.
El gendarme a cargo del operativo desaparece en la parte clave del operativo. Explica por tevé: tenía que ir al baño y tenía que buscar un lugar con señal para informar por celular a sus superiores. Dice que fue con una subalférez. Dice que no puede estar seguro de qué pasó cuando no estuvo.
Un diputado cristinista porteño, Gustavo Vera, que fue y ahora es menos amigo del Papa y que aún se presenta como amigo del Papa aparece y aprieta a ese jefe de los gendarmes. Presenta o hace circular un papel anónimo de la Policía Federal inculpando a la Gendarmería. El documento es falso.
Testigos encapuchados son tomados como testigos hábiles por la Procuvin, que dirige el fiscal cristinista Félix Crous y que también aparece por allí. Procuvin opera por cuenta y orden de la cristinista jefa de los fis- cales Gils Carbó.
Uno de esos testigos se descapucha ante el juez Otranto. Integra el RAM. Dice que vio desde arriba de un caballo y con binoculares cómo la Gendarmería metía a Maldonado en una camioneta. Dice que perdió los binocula
res. No se encuentran en esa camioneta prue- bas de ADN de Maldonado.
Un profesor, que más bien es un busca, el ingeniero Ariel Garbacz, se suma a la escena. Dice que un celular de Maldonado fue activado el 2 de agosto, un día después que desapareciera. Garbacz es conocido por visitar a funcionarios para advertirles que sus teléfonos
están pinchados y para ofrecerles, factura mediante, protección. En 2001 el entonces juez Cavallo pidió que fuera investigado por falso testimonio y estafa. Lo procesaron.
El juez Otranto frena los allanamientos a “territorios sagrados” declarados así por los RAM. Dice que es para evitar choques con esos activistas que son violentos . El juez y la fiscal son agredidos por miembros de organizaciones de derechos humanos que apoyan a
los RAM. Los gendarmes que declaran salen del juzgado disfrazados de policías federales.
Un gendarme declara que les tiró piedras a los RAM y que pudo haber herido a uno. Otros dicen que no vieron a ningun gendarme tirar piedras. Otro dice que hubo un disparo con bala de goma.
Secuestran un documento a los RAM que habla de montar un “golpe de prensa” para liberar a su jefe Jones Huala, detenido por un pedido de extradición de Chile.
La seriedad del caso contrasta con la falta de seriedad con que se lo trata. A Maldonado se lo sigue maltratando como se maltrata la sensibilidad de muchísima gente.
Lo que se hace alrededor de Maldonado es el perfecto antimanual de lo que se debería hacer.