Allanaron por segunda vez la oficina de Odebrecht por el tren Sarmiento
El juez Martínez de Giorgi secuestró documentos sobre los contratos de obra y el proceso de licitación.
EL PAGO DE 35 MILLONES DE DÓLARES EN COIMAS Lucía Salinas lsalinas@clarin.com El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi allanó ayer la sede de la empresa Odebrecht en la avenida Alem, en el marco de la causa que investiga los sobornos que se pagaron en la obra del Soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se buscó en esta oportunidad información más vinculada a los contratos de obra y al proceso licitatorio que están siendo peritados.
Con el objetivo de reconstruir la ruta de los sobornos que se pagaron en el marco de la obra del Soterramiento que tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares, el juez Marcelo Martínez De Giorgi volvió a allanar la sede de Odebrecht Argentina, en medio de un exhaustivo peritaje que se está realizando sobre el proceso licitatorio.
Consultados por Clarín, desde la empresa confirmó el operativo realizado en su oficina. La empresa se había presentado el 9 de mayo en el juzgado y “ofreció colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia”, indicaron.
El juez ordenó el operativo después de disponer el secreto de sumario en la causa. Según pudo reconstruir Cla
rín, se pidió información vinculada a los contratos de obras, pagos realizados al respecto y sobre todo aquello que refiera al proceso licitatorio. Los pliegos están siendo peritados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
Rodeada de sospechas de corrupción, el gigante brasileño vendió su participación en la obra del soterramiento a la italiana Ghella que tiene desde entonces, el 70,4% del consorcio. La empresa local Sacde (ex Iecsa) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante.
En Argentina Odebrecht habría pagado coimas por cien millones de dólares para manipular diversos procesos licitatorios y así, ganar contratos en el país. Además del Soterramiento, la firma participó de la construcción de la planta potabilizadora de AySa, bajo investigación judicial; y de la ampliación de gasoductos, causa que lleva el juez Daniel Rafecas y que tendría un sobreprecio de 800 millones de dólares, tal como contó Clarín.
Suspendida del registro de empresas constructoras proveedoras del Estado, fuera de la millonaria obra del Soterramiento del Tren Sarmiento, la firma brasileña investigada en el Lava Jato por corrupción y lavado de dinero, sólo mantiene una obra en nuestro país, se trata del gasoducto de la provincia de Córdoba.
La Justicia sostiene que la empresa Odebrecht disponía de una estructura (intermediarios, entidades, áreas específicas dentro de la empresa) para “sobornar a funcionarios de distintos países con el objeto de lograr la manipulación de los procedimientos de selección del contratista de obra pública”. Bajo esta premisa, los jueces y los fiscales que tienen en sus manos causas vinculadas con la constructora brasileña quieren establecer las responsabilidades de los ex funcionarios kirchneristas vinculados a las tres obras por más de 5.000 millones de dólares que la firma ganó en el país.
El movimiento administrativo realizado por el ex Ministerio de Planificación Federal es una de las pistas que busca reconstruir la Justicia que investiga a Odebrecht por el pago de sobornos en nuestro país a cambio de la adjudicación de obra pública. En este caso, el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi investigan la construcción del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra que durante el kirchnerismo sólo tuvo un 3% de avance y se anunció siete veces. El financiamiento actual asciende a 3.000 millones de dólares.
Las sospechas se colocan en el procedimiento administrativo de los ex funcionarios kirchneristas que tuvieron la responsabilidad de realizar el llamado a licitación del millonario contrato, como de las posteriores decisiones burocráticas: “Readecuaciones de costos, modificaciones de plazos, expedientes para liberar pagos, entre otras cosas que están bajo sospecha”, señalaron fuentes judiciales.
Se rastrean todos los expedientes vinculados a la obra entre 2008 y 2014. El soterramiento tuvo varias interrupciones, avances y retrocesos. “Queremos saber sobre los expedientes de cada una de esas etapas”, indicó una fuente de la causa.