Amenazan con arrestar a 712 alcaldes catalanes si no frenan el referéndum separatista
El fiscal general español dijo que, si colaboran con la consulta declarada ilegal por Madrid, pueden cometer los delitos de desobediencia, prevaricato y malversación de fondos públicos. Los secesionistas dijeron que no darán ni un paso atrás.
El giscal general español imputó ayer a 712 integrantes de la Asociación de Municipios por la Independencia que anunciaron su propósito de ceder recintos de sus Ayuntamientos para que se vote en el referéndum ilegal del primero de octubre por la independencia. Los regidores que no se presenten ante los fiscales en Cataluña deberán ser detenidos, en el plazo más breve posible, por los Mossos de Escuadra en su condición de policía judicial. Añade el fiscal general
que, debido a lo extenso de las listas, las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.
Jose Manuel Maza advierte que los regidores que colaboren con el referéndum ilegalizado pueden cometer delitos de desobediencia, prevaricato y malversación de fondos públicos. En este último caso la pena es de hasta ocho años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años. Supone la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas.
Además recuerda que el plebiscito ha sido reiteradamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Los radicales de la CUP, antisistema y que están a favor del referéndum, anunciaron que sus treinta alcaldes no acudirán a las fiscalías.
A este conjunto de medidas y a la severidad del gobierno, los secesionistas respondieron que “no vamos a dar un paso atrás. Es el referéndum
ahora mismo. Sí o Sí”. Y para ratificarse propusieron suspender el pleno previsto para el 20 y 21 de septiembre próximo de tal manera que el Parlamento no funcione hasta después de la consulta ilegalizada.
Han resuelto convocar una Junta Extraordinaria de Portavoces para acordar la suspensión. El motivo es que se desarrolla la campaña electoral para el referéndum del 1° de octubre a pesar de que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Añadieron que “la actuación del Estado, persiguiendo cargos públicos, medios y ordenando requisar urnas a las policías catalanas, está rompiendo cualquier normalidad democrática y creemos que no podemos hacer un pleno como si no pasara nada”.
La Asociación cuyos miembros han sido imputados convocó a una manifestación de rechazo para el sábado en la plaza San Jaume de Barcelona. Además se han realizado otros operativos importantes contra la difusión de las actividades del plesbicito ilegalizado. La Guardia Civil se presentó en la sede de la empresa CDMON que gestionaba la Web de la consulta del primero de octubre próximo y la clausuró con un mandato judicial. También se prohibieron a la televisión y radio pública que difundieran una convocatoria al referéndum ilegal.
El rey Felipe VI emitió un mensaje especial que dio solemnidad de Estado a la avalancha de medidas legales
y policiales contra los independentistas. Señaló que “la Constitución prevalecerá frene a quienes quiebran la convivencia democrática que solo es posible si las leyes son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y las instituciones”.
El monarca insistió en que en este momento “dominado por la incertidumbre los derechos de los españoles serán preservados” frente a “quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria”. “Se trataba de su primera intervención pública después de que la mayoría parlamentaria catalana allanara el camino hacia la desagregación del Estado, de cuya unidad el Rey es garante, con las leyes del referéndum y de transitoriedad en unas sesiones marcadas por el enfrentamiento y las irregularidades”, comentó el diario El País.
En el Parlamento, el jefe de Gobierno Mariano Rajoy se mostró particularmente enérgico para frenar la ofensiva independentista. Pidió a los ciudadanos catalanes que han recibido una convocatoria de la Generalitat para integrar las Mesas Electorales que “no se presenten para no colaborar con un acto ilegal”. Según medios del PP, el gobierno ha recibido muy
positivamente la reacción del comandante (Mayor) de los Mossos de Esquadra, Josep Luis Trapero.
El alto jefe de los Mossos, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, fue convocado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde el fiscal le leyó una serie de instrucciones “para evitar la comisión del delito”, es decir la realización de referéndum ilegal. Los Mossos cobran su sueldos del Estado español. No de la Generalitat.
El fiscal leyó al Comandante nueve folios de instrucciones. “Deben requisar urnas y todo material como papeletas, manuales, ordenadores y material electrónico, copias del Censo no legítimo”. Es decir todo el material destinado a preparar y celebrar el plesbicito. A primeras horas de la mañana de ayer, Trapero trasladó a sus subordinados las órdenes que recibió la de Fiscalía. Comunicó a los Mossos su obligación. En concreto, tienen que actuar contra actos ejecutados “por autoridades, funcionarios públicos o por particulares en connivencia con los anteriores” que sean “indiciarios de desobediencia, prevaricación y malversación”.