Ex militares venezolanos denuncian ante la OEA al régimen de Maduro
Relataron casos de violaciones a los derechos humanos y la intervención del Ejecutivo en la Justicia.
En una audiencia pública en la OEA, militares venezolanos exiliados en los Estados Unidos denunciaron persecuciones en Venezuela, violaciones a los derechos humanos, atentados, la influencia del gobierno en la justicia y en los procesos electorales e incluso el reparto de alimentos en beneficio a partidarios del régimen de Nicolás Maduro y no a quienes realmente sufren pobreza extrema.
Ayer declararon en Washington tres militares retirados, en la segunda jornada de audiencias que buscan determinar si en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad que puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Los testimonios comenzaron el jueves, con miembros de sociedades civiles venezolanas y víctimas que denunciaron arrestos ilegales, torturas, violaciones y asesinatos ante el jurista Luis Moreno Ocampo, el ex fiscal argentino que preside las audiencias y que fue fiscal de la CPI entre 2003 y 2012.
Para que un delito sea pasible de ser juzgado por el Tribunal Internacional debe ser cometido como parte de “un plan sistemático” de una organización contra grupos civiles y debe haber ausencia de un esfuerzo claro de las autoridades locales para investigar esos crímenes.
El capitán retirado Igor Nieto Buitrago, que era miembro del Comando Unificado N1, denunció reuniones secretas de sus superiores con el presidente del Consejo Nacional electoral “donde se impartían instrucciones para manipular” las elecciones. Por ejemplo, se digitaba cuándo se abrían y cerraban los centros de votación: se daba orden a los militares de cerrar temprano los que estaban en barrios opositores y más tarde en zonas dominadas por el oficialismo.
Como se manifestó en contra de esa práctica, luego fue desplazado a otro organismo, que planeó la venta secreta de vehículos militares iraníes a Bolivia, una operación que no se podía por el bloqueo. El se opuso y a partir de allí fue denunciado por varias causas. “Estuve 7 años lidiando con la justicia militar. Fueron más de 50 veces que fueron violados derechos fundamentales como el debido proceso, derecho a defensa. El presiden- te de la corte marcial me dijo que cumplían órdenes del ministro de Defensa”. Luego su casa fue baleada y entonces decidió exiliarse en EE.UU.
El Mayor general (r) Herbert García Plaza, que fue viceministro de Defensa para los servicios entre 2010 y 2013 y luego ministro del Cuerpo Popular para la Alimentación, dijo que renunció porque “se hizo un plan de distribución (de comida) no por pobreza extrema sino por una necesidad política”. García Plaza relató que se distribuían alimentos en “parroquias políticamente priorizadas”, o sea “por el grado de simpatía con el proceso que lidera Maduro”, señaló.
Cuando presenta su renuncia, comienzan a hacerle juicios. “La justicia en Venezuela solamente obedece a la estructura del gobierno. Es el Ejecutivo el que ordena abrir y cerrar causas”, denuncia y cuenta incluso que el diputado Diosdado Cabello, líder de los servicios de inteligencia, anticipa las resoluciones de la justicia en su programa de radio. Explicó que a través del “Plan Zamora”, activado en abril, se considera como “amenaza interna” a todo disidente político pues se lo enmarca en “traición o deslealtad a la patria” y se le aplica la jurisdicción militar. En agosto había 359 civiles en cárceles militares, señala.
El teniente coronel retirado José Gustavo Rocha Pérez declaró que ya en 2007 comenzó a “apreciar que la politización en las Fuerzas Armadas no correspondía con la profesionalización de la fuerza militar” y desde entonces fue perseguido. “Fui llevado a tribunales militares por subordinación y faltas administrativas”. Tiempo después fue arrestado. En la cárcel lo interrogaron severamente y le hicieron firmar declaraciones. Cuando le dieron prisión domiciliaria se escapó a Estados Unidos.
Tras las audiencias, Moreno Ocampo aclaró que no es un “juicio” a Venezuela e invitó a ese país participar en el proceso. Caracas se niega porque no quiere legitimar estas sesiones, que se repetirán en octubre.