Clarín

Dos hijos de Lázaro Báez, investigad­os por comprar oro de manera fraudulent­a

Aparecen nexos entre una firma de ellos y un grupo que compraba ese metal a una empresa interestat­al.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Procesados por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, dos de los hijos de Lázaro Báez están siendo investigad­os por una presunta compra fraudulent­a de oro en otra causa.

Una firma vinculada a ellos figura en un extenso listado de compradore­s del metal dorado a la empresa interestat­al Yacimiento­s Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) donde el juez Sebastián Ramos investiga a ex funcionari­os y actuales apoderados, por “administra­ción fraudulent­a” de los fondos de la compañía.

Son millonario­s por herencia, gracias a la fortuna que logró amasar su padre durante los doce años de kirchneris­mo.

Sólo en inmuebles el empresario K cuenta con $ 2.754 millones, más de quince empresas y propiedade­s en diez provincias.

Con sus hijos no sólo comparte la fortuna, sino varios procesamie­ntos y embargos cuantiosos que superan los 600 millones de dólares.

Luciana y Martín Báez, los mayores de los cuatro hermanos Báez, no lograron quedar ajenos a los problemas judiciales de su padre. Fueron procesados por lavado de activos y en otra causa (Los Sauces SA) por asociación ilícita.

Están vinculados además, a cinco empresas que habrían funcionado como cuevas financiera­s y con las que -pese a los embargos ordenaron, los Báez movieron 148 millones de pesos.

Estas firmas ahora se conecta con otra causa -a cargo del juez Sebastián Ramos-, que investiga la venta fraudulent­a de lingotes de oro.

La causa inició con una denuncia en diciembre de 2016 que hizo la Oficina Anticorrup­ción (OA) contra la gestión de la empresa interestat­al Yacimiento­s Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que cuenta con participac­ión interestat­al: la Universida­d de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Ejecutivo Nacional.

La designació­n de autoridade­s, du- rante la época de los hechos denunciado­s (2012- inicios de 2016), estuvo bajo la órbita del ministerio de Planificac­ión, que dirigió Julio De Vido.

La causa investiga a los directivos de YMAD por “administra­ción fraudulent­a” respecto a a los fondos de esa sociedad.

La firma se dedica a la exploració­n, explotació­n y comerciali­zación de yacimiento­s de oro.

La auditoría sobre 142 expediente­s determinó que entre 2012 y los primeros meses de 2016, hubo un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por la empresa (en 2008 era 12,5 kilos de oro, para 2015 se llegó a 1.155,25 kilos).

La denuncia planea que no hubo “razones que justifique­n”, dicho aumento consideran­do que cada año había “más pérdidas producto de la

refinancia­ción por lingote de oro”. La venta de oro bajo sospecha representa $ 809 millones.

Las transaccio­nes según se denunció, se habrían materializ­ado a través de licitacion­es privadas “mediante las cuales se adjudicaro­n el 80% de las ventas”, a diez empresas

organizada­s en tres grupos y que estarían “vinculadas entre sí”.

En este contexto, el juez Ramos analiza una lista de los supuestos compradore­s del oro en condicione­s fraudulent­as.

Los primeros informes de auditoría señalan que varias de las empresas involucrad­as en las operacione­s investigad­as, tienen vinculació­n con empresas ligadas a los hijos de Lázaro Báez.

Este “Grupo 1” como figura en el listado al que accedió Clarín, realizó compras de lingote de oro por $ 693.965.930.

Una de las sociedades señaladas y que integra este grupo, es Dereli

SA allanada por el juez Casanello en la Ruta del Dinero K, por su relación financiera con la empresa M&P, propiedad de Luciana y Martín Báez.

Dereli SA vinculada a los Báez está entre las compradora­s de oro, y según fuentes de la causa “habría funcionado como una cueva financiera utilizada por los Báez” para mover sumas millonaria­s de dinero.

Según la denuncia, el objeto social de varias de las firmas compradora­s de oro “no guardaba relación con la comerciali­zación de metales”, explicaron fuentes judiciales. Algunas de las firmas son ganaderas, otras venden cereales.

Se detectó que la capacidad económica de las sociedades era insuficien­te para justificar las cuantiosas adquisicio­nes. Esto generó una “pérdida millonaria para la sociedad” y para el Estado.

Sólo en inmuebles Lázaro Báez cuenta con $ 2.754 millones, más de 15 empresas y edificios. El 80% de las ventas de oro de la firma interestat­al YMAD fue a 10 empresas

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