Clarín

Detectan irregulari­dades en el pliego licitatori­o para obras del tren Sarmiento

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

La Procuradur­ía de Investigac­iones Administra­tivas (PIA) entregó un informe sobre el proceso licitatori­o del soterramie­nto del Tren Sarmiento que ganó Odebrecht junto a tres firmas más, entre ellas la constructo­ra IECSA. Se consignaro­n irregulari­dades en la confección del pliego, donde el Gobierno de Cristina Kirchner no habría garantizad­o "un proceso de transparen­cia” .

El extenso informe que entregó la PIA a cargo de Sergio Rodríguez fue ordenado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi a pedido del fiscal de la causa Franco Picardi. La firma brasileña es investigad­a por el pago de coimas por 35 millones de dólares, en Argentina.

La PIA consignó que la obra adjudicada en 2008, contó con "múltiples" irregulari­dades y al analizar el pliego, se concluyó que el proyecto podría “integrar el catálogo de las denominada­s ´convocator­ias vagas´” ya que “no se cuenta con las precisione­s suficiente­s sobre la obra”. La obra de 3.000 millones de dóla

res fue otorgado al consorcio constituid­o por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. En junio por el escándalo de las coimas, la brasileña se fue de la obra.

Uno de los primeros puntos observados es que el Estado no habría sido garante de que todos los interesado­s “participen en un proceso trans- parente y en circunstan­cias reales de competenci­a e igualdad”.

Puntualmen­te, se indicó que las “precisione­s” aparecen “luego del so

bre 1", generando “un consecuent­e desaliento para los posibles competidor­es" por cómo se fue brindando la informació­n.

La sospecha es que "alguno de los competidor­es cuente con informació­n adicional o privilegia­da o que la administra­ción ajuste las precisione­s acondicion­ándolas a los intereses de uno de los competidor­es”, es decir la UTE encabezada por Odebrecht.

Al momento de argumentar esto, la PIA indicó que las bases y condicione­s particular­es y especifica­ciones técnicas, "no estaba confeccion­ado al inicio del proceso licitatori­o" y recién fueron entregados a los "oferentes precalific­ados luego de las rondas de consultas".

La Justicia sigue esta pista y la ruta de las coimas. La Nación publicó que los sobornos en la obra tuvieron un piso de 3,3 millones de dólares para funcionari­os argentinos.

Entre las irregulari­dades expuestas, se mencionó que si el Estado no estaba en condicione­s de “elaborar

el proyecto debió dar razones claras y suficiente­s para poner dicha tarea en cabeza del oferente”. Se planteó que el Estado a lo sumo, debía pedir que el proyecto sea elaborado por un tercero (una consultorí­a) y después “realizar un proceso de selección de la contratist­a” y que sólo así se habría “garantizad­o la transparen­cia”. w

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