Los ultraortodoxos de Israel, en pie de guerra por el servicio militar La Corte anuló una ley que los eximía. Y exigió al Parlamento que redacte una nueva que garantice la igualdad.
La comunidad ultraortodoxa israelí vuelve a estar en el punto de mira en Israel. El Tribunal Supremo del país ha hecho pública una sentencia por la que anula la ley que regula su exención del servicio militar obliga
torio y concede a la Knesset (Parlamento) un año para establecer un nuevo marco legislativo que persiga la igualdad de sus ciudadanos. Según la más alta instancia judicial israelí, la ley ya derogada suponía un agravio comparativo que beneficiaba a los jóvenes religiosos que se inscriben en una yeshiva (escuela talmúdica) frente a los que optan por alistarse.
La sentencia publicada este martes no dejó lugar a dudas. El resultado de la votación del Tribunal –ampliado a nueve miembros dada la importancia del dictamen– fue de ocho contra uno. La presidenta saliente del Supremo, Miriam Naor, reconoció públicamente que la ley no se ajustaba a los principios del ordenamiento jurídico israelí y quedará anulada en espacio de un año. Mientras que la organización peticionaria –el Movimiento por un Gobierno de Calidad– se congratulaba de la decisión judicial que llevaban persiguiendo desde finales de los años noventa, los partidos ultraortodoxos pusieron el
grito en el cielo. “Una vez más ha quedado claro que el Tribunal Supremo está totalmente desconectado de la realidad y de las tradiciones judías”, criticó el ministro del Interior, Arye Deri. El también líder del partido sefardí Shas reivindicó el malestar que la sentencia ha provocado entre la comunidad ultraortodoxa.
En cambio, los partidos de la opo-
sición celebraron lo ocurrido. La diputada de la Unión Sionista, Tzipi Livni, replicó a los legisladores ultraortodoxos que se trata de “una
cuestión de igualdad de derechos, de que todos hagan el servicio militar obligatorio, o bien la correspondiente prestación social sustitutoria”. Livni, que fue ministra de Asuntos Exteriores del gobierno y candidata a primera ministra en 2009, aseguró que “pueden mantener su mundo de las yeshivas, pero sin proporcionar exenciones a todos sus jóvenes”.
El sector ultraortodoxo supera ya el 15% de la población de Israel y según las proyecciones demográficas
podría llegar al 20% en el 2030, debido a que son el colectivo con la mayor tasa de natalidad del país. En general están mal vistos por la mayoría laica, dada su estricta interpretación de la Halajá (ley judía) por la que no sólo respetan, sino que también obligan a todos los demás a respetar las fiestas –comenzando por la semanal del Shabbat, durante la que no toleran movimiento de vehículo alguno, y terminando por el Yom Kippur– a pesar de que no sean religiosos.
La sentencia del Supremo viene a derogar la llamada “Ley Tal” que se aprobó en 2002 después de varios años de negociación y presentación de enmiendas que permitió por fin regular una situación que había imperado de facto en Israel desde su misma creación. Entonces, el padre de la patria, David Ben Gurion, optó por liberar a los ultraortodoxos (que en aquellos tiempos constituían una ínfima cuota de la población) de que hicieran el servicio militar para que por un lado se dedicaran al rezo y a la interpretación de la Torá, y por otro le prestaran su apoyo político.
Una alianza entre gobernantes laicos y partidos religiosos que se fue reproduciendo a lo largo del tiempo con Ejecutivos tanto de derecha como de izquierda hasta la entrada en el segundo Gobierno presidido por Benjamín Netanyahu en 2013 del líder del partido Hay Futuro, Yair Lapid. Éste exigió que los religiosos tuvieran los mismos derechos y deberes que todos los ciudadanos (al no trabajar reciben los correspondientes subsidios sociales por parte del Estado), lo que se convirtió en uno de los factores por los que Netanyahu convocó elecciones anticipadas.
La salida de Yesh Atid del Ejecutivo y la entrada del HaBayit HaYehudi (Hogar Judío) de Naftali Bennet contribuyó a calmar a los ultraortodoxos, que además a su representación parlamentaria unieron su participación en el Gobierno.