Audaz movida oficial: enfrentar a gobernadores con jubilados
Los gobernadores han resuelto jugar fuerte, casi sin distinción de colores, en la pelea contra el muy desigual reparto de la recaudación del impuesto al cheque. Por el 83% que hoy queda, de hecho, en la caja del poder central y por el muy limitado 13% que va a todas las provincias juntas.
¿Y qué salida acaba de ocurrírsele a la Casa Rosada? Se le ha ocurrido transferirle el 70% de los ingresos a la ANSeS, o sea, gran parte de la tajada destinada al Tesoro Nacional. Obvia, la idea detrás de la maniobra es que si los gobernadores deciden dar batalla por el cheque aparezcan peleando por la plata de los jubilados.
Pero como la ANSeS funciona dentro del Estado Nacional, por lo que toca al manejo de los recursos nada cambia de fondo o cambia en el sentido de achicar el déficit previsional. Según revelan los números del Presupuesto de 2018, así seguirá en pie el 83-17%. En datos del propio proyecto oficial, impresionantes $ 167.221 millones contra exiguos $ 34.516 millones tal cual comentó
Clarín este domingo. Suena a igual de obvio que los gobernadores buscarán cómo eludir la maniobra del Poder Ejecutivo y seguirán luchando por un reparto menos desparejo del impuesto. Y seguramente pondrán sobre la mesa las porciones del IVA, de Ganancias y de varios gravámenes más que hoy financian el sis
tema jubilatorio; varios de ellos descontados de la coparticipación provincial.
Nada casual, dice un juez de la Corte Suprema: “Estos meses vamos a estar metidos
de pies y cabeza en la economía”. Vale aclarar que no alude ni al PBI, ni al dólar ni a la inflación, sino a la maraña de demandas cruzadas entre la Nación y las provincias o entre las provincias mismas que el máximo tribunal tiene en carpeta, incluidas las consecuencias de sus fallos. Habla, sin decirlo, de unos cuantos miles de
millones de pesos. También de pies y cabeza, en eso está metida la Unidad de Análisis Económico que la Corte creó en 2009, con la misión de estudiar y aconsejar en cuestiones semejantes a las que ahora tiene en carpeta.
Entre ellas, quizás la más resonante sea la demanda que María Eugenia Vidal presentó para recuperar el Fondo del Conurbano tal como era en origen. Esto es, el 10% de la recaudación de Ganancias que de hecho Buenos Aires perdió en 1992 y que a partir de entonces va a las provincias.
Puesto en plata de este año, el reclamo implica alrededor de $ 53.000 millones, idénticos a los ingresos que deberían resignar las jurisdicciones del interior o mayores, pensando en una recaudación que sin duda irá en aumento. Hay eso y mucho más que eso, pues como Vidal ha sumado los recursos acumulados desde 2011, ya estamos hablando nada menos que de $ 250.000 millones.
El planteo también avanza sobre el Estado Nacional: exige que sea condenado a restituirle a Buenos Aires los fondos que dejó de percibir todos estos años.
En principio y citados por la Corte, los abogados del Gobierno dijeron que no reconocen como propia la demanda bonaerense. O sea, nada de la parte que le tocaría a la Nación y la pelota apuntada hacia campos ajenos. Pero quizás a los funcionarios no les resulte tan sencillo zafar, porque como viene todo de cruzado finalmente también pueden quedar involucrados en el embrollo.
Después de escuchar los argumentos del representante de Misiones, el último de los provinciales que citó, el máximo tribunal estaría en condiciones de emitir sentencia entrado noviembre. La duda es cómo lo hará o si lo hará de un modo tan abierto que la cuestión termine dirimiéndose en negociaciones
políticas. Al cabo, dentro del terreno que los jueces consideran apropiado.
Parte por cierto interesada, los gobernadores le han pedido que “no resuelva” hasta que haya un debate amplio en el Congreso.
Bajo la forma que encuentren conveniente, el cheque no será el único punto de su contra
ofensiva. Harán jugar un informe que elaboró el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, y que el gobernador Juan Schiaretti distribuyó entre los mandatarios.
El ejercicio de Giordano consistió en sacar al ruedo los subsidios a la luz, el gas, el agua y el transporte que estos años y en cantidad han recibido los habitantes de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma versus los que no han recibido los habitantes del resto del país. Plata al fin del Tesoro Nacional.
En proyecciones de 2017, el contraste canta $ 176.000 millones contra $ 121.000 millones. Y medidos por habitante, 6.196 pesos contra 2.840 pesos. La cuenta completa, según Giordano, da que ahí el perjuicio resulta mayor al
que ha sufrido Buenos Aires a raíz del famoso Fondo del Conurbano.
El gobierno central ha pactado con los provinciales devolverles el 15% de la coparticipación que les retenía la ANSeS. Fue la salida que unos y otros acordaron para otro pleito, pero fue una salida sólo parcial: juntos o individualmente, los gobernadores han convenido reclamarle a la Nación la deuda acumulada desde 1992, cuando arrancó el sistema.
De nuevo miles de millones de pesos y de nuevo demandas previsionales cruzadas en el campo de la Corte. Enredos sobre enredos, todo o parte va camino de un destino común: un debate parlamentario que levantará polvareda apenas pasado octubre.
Hay en el medio $ 167.000 millones que la Casa Rosada busca retener. Y gobernadores resueltos a dar batalla en ése y en varios terrenos más.