La Justicia ya investiga denuncias por usurpación
Fueron hechas por padres que se oponen a las tomas. Un fiscal les tomó declaración y visitó una escuela.
Grupos de padres ya comienzan a ir a la Justicia en contra de las tomas, a las que consideran como “usurpación” de un espacio público -la escuela- así como la negación de ejercer el derecho a la educación por parte de sus hijos. Es el caso de los padres del colegio Belgrano, quienes afirman que desde que se inició la medida de fuerza estudiantil -hace cuatro semanas-, los alumnos y algunos adultos que los acompañan “se hicieron dueños” del edificio, a punto tal que a través de una suerte de libro de visitas deciden a quiénes permiten entrar al colegio y a quiénes no. La denuncia fue recibida por el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, que ya les empezó a tomar declaraciones e incluso se dirigió al colegio para relevar elementos de prueba.
“La denuncia judicial la hicimos la semana pasada, cuando ya habían pasado más de dos semanas de tomas. Nos recibió el fiscal y lo primero que nos advirtió es acerca de las consecuencias que puede tener esta acción para los chicos que ya son mayores de 16 años, porque la nueva legislación les da más derecho pero también más obligaciones”, explicó a Cla
Liliana Quiroga, la madre de una alumna de cuarto año .
A pesar de estas advertencias, los padres del Belgrano decidieron avanzar igual con la acción judicial y por eso el fiscal empezó a tomar las declaraciones de esos padres. “Cuando lo solicitó, les pasé el nombre de las personas que no nos dejan entrar al colegio. En la primera semana del paro, ni siquiera dejaron entrar a la directora”, dijo Quiroga.
El conflicto por la reforma de la secundaria empezó a “judicializarse” la semana pasada, cuando grupos de padres como el de la escuela Belgrano decidieron recurrir a la Justicia para ver si podían encontrar la forma de destrabar las tomas. El gran inconveniente que encuentran, dicen, es que no hay una herramienta legal, desde que en el año 2011 la jueza porteña Liberatori canceló un protocolo de acción ante tomas que había redactado el Ministerio de Educación y que enmarcaba este tipo de acciones de los estudiantes.
Ese protocolo fue motivo de polémica la semana pasada, porque llegó a las direcciones de todas las escuelas desde una casilla oficial del Ministerio de Educación. La ministra Soledad Acuña tuvo que presentarse ante la Justicia para aclarar la situación: negó que forme parte de la política oficial con respecto a las tomas y se comprometió a enviar una aclaración a todos los colegios.
“No queremos un desalojo violento ni nada parecido. Sino medidas disuasorias, que permitan que vuelvan las clases y así que se le garantice el derecho a la educación a mi hija”, dijo Quiroga.