El Senado le hizo cambios a la ley penal empresaria y la vota antes de las elecciones
Obtuvo dictamen de comisión con acuerdo de oficialistas y opositores. Debería volver a Diputados.
Con un sabroso matambrito tiernizado de por medio, el oficialismo y la oposición terminaron ayer de cerrar, en el señorial restaurante del Senado, el acuerdo para avanzar con la ley contra la corrupción de las empresas. Pocos minutos después de esa última negociación -participaron el macrista Federico Pinedo y los peronistas Pedro Guastavino y Rodolfo Urtubey, entre otros-, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales dio dictamen favorable a la iniciativa.
La intención de Pinedo, presidente provisional del Senado, es llevar el proyecto al recinto ya en la próxima
sesión. Se barajan dos fechas: el próximo miércoles 27 o el siguiente, el 4 de octubre. Por los retoques que se le hicieron al texto -fueron muchos y
profundos-, la iniciativa deberá volver a ser tratada por Diputados.
A diferencia de lo que sostenía la media sanción de Diputados -habían ampliado la norma a todos los delitos contemplados en el Código Penal- el Senado acortó su objeto a ape
nas cinco crímenes: "Cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional"; "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; "concusión" (exenciones ilegales); "enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados"; "balances e informes falsos agravados".
También a diferencia de lo que había aprobado Diputados -declaraba la imprescriptibilidad de los deli- tos de corrupción, equiparándolos con los de lesa humanidad-, en el proyecto que obtuvo despacho se establece que la prescripción de la acción penal será a los 6 años.
Entre las penas, se establece que las empresas podrán ser multadas con entre dos y cinco veces, "el beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener"; "la suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años"; y "la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado".
Para la exención de pena, el proyecto le fija tres requisitos a las em
presas: deberán haber denunciado "espontáneamente" algunos de los delitos previstos en la ley, haber implementado "un sistema de control y supervisión adecuado" con "anterioridad al hecho del proceso", y haber "devuelto el beneficio indebido obtenido". El proyecto prevé acuerdos de "colaboración eficaz" con intervención del Ministerio Público Fiscal. El oficialismo buscó, sin éxito, que esos acuerdos pudieran hacerse por afuera de la Justicia (la llamada “cláusula Odebrecht”).
Federico Pinedo celebró la firma del dictamen: "Es una ley clave contra la corrupción en el país. El proyecto acordado entiende que las empresas también tienen que recibir sanciones ante este tipo de delitos".
Aunque había acuerdo en el contenido del proyecto, a último momento peligró la firma del dictamen por un imprevisto: a la comisión que preside el peronista entrerriano Pedro Guastavino, le llevó un buen rato reunir el quórum. Un borrador del texto empezó a circular el viernes entre los diferentes senadores que participaron de la redacción (Guastavino, Pinedo, Ernesto Martínez, Liliana Negre de Alonso, Mario Pais y Rodolfo Urtubey). La última pulida terminaron de darla en el almuerzo.