Cinco policías federales van a juicio por proteger un famoso prostíbulo
También juzgarán al dueño y al encargado del negocio. Todos fueron detenidos en noviembre pasado.
Cinco policías federales, entre ellos un comisario, serán juzgados como acusados de integrar una asociación ilícita que daba protección a las actividades ilegales que se llevaban a cabo en el prostíbulo “Pampita”, que funcionaba en el barrio porteño de Núñez.
Según fuentes judiciales, el juez en lo Criminal de Instrucción porteño Alberto Baños fue quien resolvió enviar a juicio al comisario Héctor Palacio (48), al subcomisario Leonardo Avallay (45), al cabo Alfredo Gonzalo Orbe Carmona (36), al oficial ayudante Gabriel Damián Nieves (27) y al suboficial escribiente Pedro Cataldo (54), todos de la seccional 51°.
El debate oral estará a cargo el Tri- bunal Oral en lo Criminal N° 24, integrado por Raúl Llanos, María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero, el mismo que celebró el juicio oral por la tragedia de Cromañón.
El pedido de elevación a juicio fue formulado por el fiscal José María Campagnoli, quien acusó a los policías como presuntos integrantes de una asociación ilícita que “al menos desde 2015” brindó “protección exclusiva” al prostíbulo ubicado en la calle La Pampa 687.
Según constancias del sumario, “a pesar de las claras evidencias de que en ese lugar se desarrollaban conductas ilícitas”, los agentes habrían evitado investigar el funcionamiento del local, que fue clausurado.
A los procesados, que fueron detenidos en noviembre del año pasado, también se les atribuyen los supuestos delitos de “encubrimiento agravado”, incumplimiento de sus funciones, “falsificación de documentos” y el cobro de dinero a restoranes y comercios de la zona. “Se ha desmoronado el negocio es- purio montado, ha salido a la luz ‘Pampita’, la venta de vigilancia, el hacer todo lo que no se debe y más para que el ‘negocio’ siga funcionando”, expuso la resolución judicial que concluyó con el cierre de la etapa sumarial.
En el mismo juicio comparecerán quienes regenteaban el local, Antonio Chiaradia (dueño), de 71 años, y José Ignacio Daguerre (encargado), de 57, acusados de “promover o facilitar la prostitución aunque medie el consentimiento de las víctimas”, actividades que se llevan a cabo en el interior del prostíbulo.
A raíz de escuchas telefónicas, “se determinó que ambos se refieren al prostíbulo como ‘el boliche’ o ‘el negocio’ y, en muchos de ellos, especialmente hablan con ‘las chicas’ que prestarían servicios allí”, sostiene la acusación.