Registro de violadores: un avance que no alcanza para prevenir

El registro de violadores será útil para que la Justicia pueda atrapar a un reincidente. Pero, dado el carácter confidencial de sus datos, no servirá para alertar a la sociedad. La Ley 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos contra la integridad sexual, fue sancionada en el mes de julio del 2013. Pero recién fue reglamentada luego de 4 años.

Lamentablemente, en ese lapso se produjeron cientos de violaciones que quedaron impunes, ya que no había registro genético que permitiera conectar con el autor del hecho. La ley, en ese sentido, implica un avance y está en sintonía con las nuevas tendencias que colocan a la víctima en el centro de la escena.

Pero pese al uso eficaz que la Justicia puede darle a la evolución científica, existen otras cuestiones que esta norma y su decreto no pueden evitar.

A diferencia de lo que sucede en varios otros países, la ley no permite que los ciudadanos tengan acceso a la base de datos. Esto implica entonces que cualquiera esté expuesto a convivir con un violador, sin poder tener una alerta previa.

Los datos solo serán suministrados al Ministerio Público Fiscal, a jueces y tribunales de todo el país cuando haya una investigación criminal. Nadie podrá divulgar esta información, aún luego de que hayan renunciado al cargo.

Si bien esta medida busca proteger también el derecho que tiene todo ciudadano – en este caso, el violador- a poner un freno a los avances del Estado y reinsertarse socialmente luego de haber cumplido con una condena, desgraciadamente la realidad nos muestra otra cosa.

Pensemos en el caso que se difundió hace un tiempo, conocido como “el violador de la máscara”. José Luis Lombardi, de Ituzaingó, secuestraba a sus víctimas en el barrio de Devoto y luego les tapaba la cara con una máscara para soldar con el fin de evitar ser identificado. Este sujeto acababa de salir en libertad luego de cumplir 15 años de prisión como condenado de tres violaciones. Apenas recuperó su libertad, buscó trabajo como modo de reinsertarse en la sociedad, pero también en el delito.

Vemos entonces que, por mas buena fe que queramos aplicar, respetuosos de las garantías y apegados al principio de reinserción social, este sujeto volvió a delinquir, destruyó la vida y dignidad de esas chicas, y destruyó la fe que sus allegados, compañeros de trabajo y la sociedad en general, habían depositado en él. Entonces pareciera ser que, como sociedad, se nos está pidiendo demasiado. En definitiva, la ley es buena y puede disminuir los efectos de las segundas victimizaciones. Pero no cumple una misión preventiva.