Avanza el plan oficial para dar cobertura de salud a los que no tienen obra social
Dirigentes de la CGT y funcionarios de Salud reactivaron la negociación. Habrá un aporte sindical.
Catorce meses después de que Mauricio Macri anunciara la Cobertura de Salud Universal (CUS) ayer, mediante una reunión Gobierno y CGT, empezó a tomar forma su implementación.
Este proyecto beneficiará a 15 millones de personas que se atienden en hospitales y centros de salud públicos porque no cuentan con servicio médico de prepagas u obras sociales. Alcanzará a las poblaciones más vulnerables, con especial énfasis en reforzar las prestaciones a discapacitados y familias numerosas (que tengan más de 7 hijos).
El aval de los gremios es clave: contribuirán al financiamiento del pro- grama con unos $ 8.000 millones retenidos a las obras sociales sindicales a través del Fondo Solidario de Redistribución (FRS), que se sustenta con el aporte mensual de los trabajadores.
La historia de ese dinero da cuenta que durante el kirchnerismo se les retuvo, como método de “negociación/extorsión”, unos $ 30.0000 millones del FRS. Esa masa de dinero, que se destina a coberturas de alta complejidad y de prestaciones mínimas, deviene de un porcentual que se retiene al 9% de los aportes a las obras sociales (6% por parte del empleador y 3% del empleado). En agosto del año pasado, el Presidente anunció que los devolvería de la siguiente forma: $ 2704 millones en efectivo - algo que ya ocurrió- mientras que otros $ 14.267 irán a los sindicatos en bonos del tesoro 2020; $ 4500 se utilizarían como fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia, y unos $ 8.000 para ser destinados justamente a la CUS.
A rigor de verdad a la fecha ese monro alcanza los $ 9.305 millones, ya que desde agosto del año pasado esos recursos estabanen un plazo fijo y pasaron a un fideicomiso. Esta inyección de dinero será por única vez y luego el flujo para sostener el sistema de mejoras saldrá de las arcas del Estado. Por fuentes sindicales consultadas, la ecuación sería cero para los sindicatos: las altas tasas que darían las letras compensarían los $ 8.000 millones.
En definitiva, los dirigentes cegetistas se llevaron la propuesta para estudiarla y tener una nueva reunión dentro de 20 días; aunque habrá mitines técnicos intermedios. Vale mencionar que, por ley, los aportes y las contribuciones pertenecen al régimen de obras sociales, por lo que se está estudiando una futura normativa legal para darle sustento a esta transferencia de fondos.
Lo cierto es que el Ministerio de Salud utilizará estos fondos para adquirir equipamiento para los centros de salud barriales, que son los primeros receptores de los pacientes antes de ser derivados a los hospitales. Al robustecerlos evitarán la conglomeración de gente en ellos. También se implementará un sistema administrativo, por el cual se entregará una credencial y cada paciente tendrá una ficha médica en la que constará su historia clínica, a la que podrán acceder los profesionales de la salud desde cualquier centro médico.
Especialistas consultados por Clarín mencionaron que "en todo el mundo el Estado colabora con el mantenimiento de las obras sociales y en este caso está a la vista que es a la inversa". Señalaron también que en el Presupuesto 2018 hay una baja de recursos en el rubro salud.
En la reunión no estuvo presente el ministro de Salud, Jorge Lemus, por estar de viaje. No obstante, en representación de su cartera participaron los integrantes de la Unidad Ejecutora del plan, Enrique Rodríguez Chiantore (jefe de Gabinete) y Cecilia Loccisano, subsecretaria de Coordinación Administrativa y esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca.
También estuvo presente en la reunión el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Sandro Taricco, junto al gerente Gerardo Gentile. Del lado sindical se sentaron, por designación del Consejo Directivo de la CGT, José Luis Lingeri (AySA) y Carlos Frigerio (Federación de Cerveceros).