El Senado prorrogó la ley que impide desalojos en comunidades indígenas
El Senado dio media sanción, y giró a Diputados, la extensión por cuatro años de la ley de emergencia territorial indígena, que estaba a punto de caer. La votación fue por unanimidad, con 62 votos a favor y ninguno en contra. La ley 26.160, sancionada en 2006, interrumpe los desalojos a los pueblos aborígenes mientras se hacía un censo a las comunidades, que nunca culminó.
En el oficialismo, golpeado por la renuncia indeclinable de Angel Rozas -que no hizo declaraciones a la prensa- a la presidencia del bloque de Cambiemos, resignaron su posición inicial. Pretendían una extensión de 2 años y medio, pero las negociaciones no prosperaron.
El bloque del PJ-FpV impulsó la propuesta con el consenso mayoritario. El oficialismo buscaba también la anexión de un artículo que permitiera la creación de un consejo federal integrado por el ministro de Justicia de la Nación y los responsables de las carteras de justicia provinciales. Ese consejo estaría encargado de realizar el relevamiento catastral de los territorios ocupados por comunidades indígenas, pero al final no prosperó.
La realización de un censo se había encargado a las administraciones K, pero nunca se completó, a pesar de que contaba con un fondo ad hoc. Según un informe de la AGN, solo se completó alrededor del 50%. “Sin prórroga de la 26.160 muchas comunidades indígenas serán despojadas de sus territorios, más del 65% quedarán vulnerables”, sentenció la senadora de la CC-ARI Magdalena Odarda, flamante presidenta de la comisión de Pueblos Indígenas.
Referentes de pueblos originarios y organizaciones sociales, como la CTEP, llegaron hasta las puertas del Congreso para manifestarse. La desaparición de Santiago Maldonado también se hizo presente.
El kirchnerista Marcelo Fuentes, senador por Neuquén, comparó la desaparición de Maldonado con el asesinato del conscripto Omar Carrasco en 1994, un tema que también evocó el senador Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur. ■