Cristóbal López ahora crea un fideicomiso para reducir su deuda con la AFIP
Bajo fuertes rumores de venta, el empresario K busca reunir fondos para mejorar su perfil crediticio.
Dueño de un conglomerado empresarial que creció exponencialmente durante el kirchnerismo, Cristóbal López dará un paso clave en el Grupo Indalo: parte del paquete accionario pasará a integrar un fideicomiso que tiene como meta reducir la millonaria deuda que tiene con la AFIP. El grupo gerencial estará conformado por Fabián De Sousa -mano derecha de López- y otras dos personas que provienen del mundo financiero. En los próximos días se oficializarían los cambios.
En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, el Grupo Indalo no existía. Cristóbal López tenía nueve empresas y sus acciones de Casino Club. Doce años después, sus compañías son 40, con activos superiores a 1.000 millones de dólares. En 2016, valían 650 millones.
Sin embargo, la ecuación económica al interior del grupo no es favorable. La presión fiscal que no había tenido durante el último gobierno kirchnerista ahora lo condujo a pagar 24 veces más del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC). En 2015 sólo pagó 128 millones de pe- sos, y en 2017 lleva pagados 2.140 millones.
En paralelo, el ente recaudador le negó el ingreso al “Plan Puente”, que permite a los contribuyentes regularizar deudas hasta en 24 cuotas, por un monto total superior a los 10 millones de pesos.
El escenario financiero se complicó con las medidas judiciales en diversas causas. Cristóbal López y Fabián De Sousa están procesados por asociación ilícita y lavado de activos junto con Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. Además, los dueños de Indalo están procesados por retención indebida de aportes previsionales.
¿Cómo se traduce esto económicamente? Con embargos por más de 300 millones de pesos y una inhibición general de bienes sobre todo el Grupo Indalo y los bienes personales de sus socios.
Por eso ahora Cristóbal López decidió reorganizar el Grupo, en medio de los fuertes rumores de venta. Pero desprenderse de las sociedades no es tan sencillo: debe contar con la autorización del juez Julián Ercolini, que lo investigó por defraudación al Estado por la deuda de 8.000 millones de pesos con la AFIP por no pagar el ITC. Además, el magistrado debe correr vista de ese pedido al fiscal Gerardo Pollicita y a la querella, que es el ente recaudador.
A su vez, el Gobierno tiene una postura reiterada: “Queremos cobrar lo que no tributó y que reciba la sanción que corresponde por cometer un fraude millonario. Cristóbal López no es un simple evasor, se financió con los impuestos”, indicó una alta fuente oficial.
Sin mayores opciones para tomar líneas crediticias, el empresario K decidió hace semanas avanzar por otro camino: como necesita fondos para hacer frente a los gastos corrientes - por ejemplo frente a los más de 16.000 empleados de sus compañíasLópez y De Souza crearán un fideicomiso. Esta figura permitirá que el dinero que el mismo vaya generando sea destinado al pago de los acreedores -principalmente la AFIP, y no sólo por el ITC sino por deudas previsionales e impositivas-. También hay compromisos incumplidos con diversos proveedores.
Con esta reorganización, buscan “mejorar su perfil crediticio y tomar financiamiento en el mercado” para decisiones sobre sus empresas. ■