La Justicia le quitó la banca y el pasaporte al senador Aécio Neves
La Corte Suprema de Brasil y el Senado entraron en colisión en las últimas horas. Y la causa es la decisión del maximo cuerpo judicial de separar de su cargo de senador al ex candidato presidencial Aécio Neves, militante del partido PSDB de Fernando Henrique Cardoso.
Este político, derrotado por una ligera diferencia en las presidenciales de 2014 que determinó el inicio del segundo mantado de Dilma Rousseff, fue denunciado por el ex fiscal general Rodrigo Janot por corrupción. Está involucrado en un pedido directo de coimas al empresario Joesley Batista, dueño del grupo JBS, especializado en la industria cárnica. Esto surgió directamente de la grabación que el industrial hizo de una conversación que mantuvo con Neves.
El Supremo Tribunal Federal resolvió, además, quitar el pasaporte del político y obligarlo a permanecer recluido en su casa por las noches. Ante la medida de la Corte, otro senador socialdemócrata Paulo Bauer pidió que la Cámara Alta debata sobre si corresponde o no la sanción aplicada por la justicia. Algunos senadores consideran que se podría estar en presencia de una “violación” constitucional.
El ministro del STF Marco Aurelio de Mello admitió que Brasil “vive una crisis institucional, pero esta será suplantada porque nuestra democracia vino para quedar”. Fue en respuesta a preguntas de los periodistas sobre si existe o no una crisis entre los dos poderes, el legislativo y el judicial: “Es grave” sintetizó.
Al magistrado le interrogaron si podría pensarse que la Corte actúa “políticamente”. Mello respondió: “No concuerdo con esa visión. Yo no actúo políticamente. Tengo una política única: respetar la Constitución”. Varios senadores consideraron, muy probable, que el STF vuelva a analizar el caso y levante el castigo contra Neves. Ocurre que hay otros episodios, como el del senador Renan Calheiros, que estuvo a punto de perder su condición parlamentaria. Pero gestiones realizadas en la Corte por un grupo de senadores lo salvaron. Ahora creen que podrían proceder a negociar con los magistrados la posible revisión de la pena.