Araceli Fulles, dos veces asesinada
Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa”, decía el último mensaje que le envió Araceli Fulles (22) a su mamá, a las 7.11 de la mañana del 2 de abril pasado. Veinticinco días después, apareció asesinada, enterrada en una casa de José León Suárez, San Martín.
Esta semana se supo que, días después, la volvieron a asesinar.
Durante un momento demasiado efímero, como suele ocurrir en nuestro país, el nombre de Araceli se convirtió en otro sinónimo de la violencia contra la mujer. Fue Araceli como horas antes había sido Micaela y como luego sería Anahí, en esa secuencia dolorosa de muertes jóvenes y violentas que a veces anestesian. En su caso hubo una clara demora inicial por salir a buscarla, plagada de prejuicios policiales y de rumores malintencionados. Que se fue porque quiso. Que tenía una vida desordenada. Que tenía un novio, o que tenía más de uno. Que esto y que aquello.
Cuando la desaparición sumó semanas, la presión para encontrarla se hizo tan fuerte que el Ministerio de Seguridad bonaerense terminó por ofrecer 500 mil pesos de recompensa. Ahí nomás apareció un camionero que decía haberla llevado lejos. Enseguida, un bolsito de Araceli, tirado mucho más cerca de su casa. Y luego, un collar. La investigación judicial iba en sintonía con la policial. La fiscal Graciela López Pereyra tendría sentados en su despacho a los principales sospechosos de -hasta entonces- desaparecerla y los dejaría ir. Por fin, al día 25, se pusieron perros entrenados adecuados para rastrear a la joven y se la encontró, ahí nomás de su propia casa -unas 15 cuadras- y a sólo 100 metros de la plaza donde todo el mundo la había visto viva por última vez.
Araceli estaba muerta, violada y estrangulada con un lazo, cubierta de cal y sepultada bajo una losa improvisada en la casa donde un hombre llamado Darío Badaracco vivía con su esposa.
Fue una sorpresa para el público, pero no para los que se suponía que estaban investigando: Badaracco había confesado haber estado con Araceli en su última madrugada y se había sentado tres veces en el despacho de la fiscal López Pereyra para contarlo. Pero lo habían dejado ir y, cuando fueron a detenerlo porque el cuerpo de la chica a la que buscaba el país estaba enterrado en su casa, ya se había fugado. No lo encontrarían la Justicia ni las fuerzas de seguridad, sino una vecina que lo vio vagando por la villa 1-11-14 y lo delató.
En aquellas horas, además de Badaracco fueron detenidos siete sospechosos más que, se creía, habían compartido las últimas horas de Araceli en aquella plaza de José León Suárez. Se creía -se cree, aún hoy-que la joven fue a comer asado con unos amigos, luego se encontró con otro grupo y de allí se fue a ese espacio rodeado de cámaras de seguridad que nadie revisó a fondo.
Uno de aquellos detenidos originales, cuando se anunció el esclarecimiento del caso, era el hermano de Darío Badaracco, Hernán Badaracco. Otros tres, su jefe y sus compañeros de trabajo en un corralón de materiales. Además había tres más que habrían estado un rato antes con Araceli, de los cuales uno -Ema- nuel Ávalos- confesó haber tenido relaciones con la chica esa misma madrugada.
Este joven tiene dos hermanos. El primero, Jonathan Ávalos, fue detenido con él. El segundo, Elián Ismael Ávalos, es oficial subinspector del Comando de Patrullas de Tres de Febrero de la Policía Bonaerense.
Horas antes de las detenciones, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad apartó de la Fuerza al propio oficial Ávalos, pero también a un subcomisario de la comisaría 8° de San Martín y a dos oficiales de la seccional 5°, que habían estado involucrados en la (pésima) búsqueda de Araceli. Todos quedaron bajo la sospecha de haber plantado pruebas falsas, de haber desviado los rastrillajes y haber mantenido al tanto a los sospechosos de lo que iba ocurriendo en la causa.
La fiscal dejó pasar unas semanas y, en mayo, decidió sacar de la investigación a los hermanos Ávalos y a otro de los sospechosos, Marcos Ibarra. Los tres fueron excarcelados en mayo porque ella solicitó que se les dictara falta de mérito. Verónica Molina, abogada de la familia de la víctima, salió a criticarla. Sobre todo por la libertad de Emanuel Ávalos: “El estuvo con Araceli en las horas previas a la desaparición y mantuvo relaciones con ella. Hay tres testigos que dijeron que lo vieron en una fiesta, pero esa fiesta fue a sólo cuatro cuadras de la casa de ella y no es motivo para desvincularlo del hecho”, sostuvo. Y recordó el sospechoso rol de su hermano policía.
Los otros cinco detenidos fueron procesados. Además de los hermanos Badaracco eran Carlos Damián Cassalz -jefe de Darío en el co- rralón-, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.
La sospecha de la fiscal era que Darío Badaracco había llevado a Araceli al corralón, que allí habrían abusado de ella -posiblemente, en el auto de Escobedo, estacionado allí- y que luego el principal acusado la había llevado a su casa para matarla y enterrarla.
La situación de Darío Badaracco era por demás comprometida: el cuerpo estaba en su casa. Pero el defensor de sus compañeros de causa apeló el procesamiento ante la Cámara de San Martín. La respuesta fue positiva para él. Y escandalosa para la sociedad argentina.
El juez Carlos Hermelo, que redactó el fallo al que adhirieron sus dos colegas de la Sala 1, dijo sin muchas vueltas que la investigación del caso que tanto conmovió al país y que tantos recursos movilizó fue un papelón. En su opinión, la Policía no consiguió las pruebas que la fiscal necesitaba.
“El Ministerio Público no puede ejecutar las propias directivas y órdenes que imparte, pues claramente ello escapa a sus facultades y a sus posibilidades, aunque a lo largo de mi experiencia haya visto que algunos funcionarios en ciertas diligencias investigativas han intervenido en forma directa”, señaló, en la única crítica para la fiscal. “No puede la señora Agente Fiscal proceder por sí al levantamiento de rastros, realizar escuchas telefónicas, ingresar a cada domicilio en búsqueda de la víctima o recolectar testimonios, mucho menos puede practicar las diversas pericias que correspondieren”, agregó. “Por el contrario, en primer lugar se trata de la fuerza de seguridad estatal de la que habrá de valerse la Fiscal para arrimarse a las posibles vías de investigación”, describió, en un fallo sin desperdicio. “En casos como éste, de la entidad y gravedad del hecho que se investiga, con la inevitable conmoción social que ha generado, no puede estarse a resultas de trámites administrativos que demoren innecesariamente la obtención de probanzas, sino que debe obrarse con la mayor premura posible a fin de dotar a la Fiscal de los resultados que le permitan ceñir la materia de su labor, que no es otra que la de representarnos a todos en aquella tan ansiada búsqueda de la verdad”.
En otras palabras, a la fiscal no le consiguieron las pruebas. “De muy difícil concreción resulta tan alto objetivo, tornándose así muchas veces en una verdadera “expedición de pesca” cuando, como en el caso, las Agencias estatales encargadas específicamente de la investigación, no le acercan a la Sra. Agente Fiscal con la celeridad que el caso impone las correspondientes diligencias que ordenara. En tal sentido, nótese que aún no se encuentran agregadas a la causa principal el resultado de las pericias practicadas sobre aquellas ‘evidencias físicas’ que fueran levantadas del vehículo de Marcelo Escobedo y que se hallaba dentro del corralón que explotaba Carlos Cassalz”, señaló, en referencia a la posible escena de los abusos. “Más preocupante aún resulta la cuestión cuando el perito del Laboratorio de Genética Forense de la Superintendencia de Policía Científica, Cristian De Candia, al analizar las diferentes evidencias físicas relevadas, observa con relación a los elementos que ha de peritar que ‘este modo de conservación NO CUMPLE con los requisitos de conservación de los protocolos de recolección de muestras para ADN según CONVENIO MARCO ENTRE MINISTERIO DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN del año 2007 (Preservación de muestras en sobres de papel NO USAR ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO)…’, siendo precisamente aquellos objetos incautados en el sindicado local y señalados por el can que interviniera en el allanamiento como probables rastros de la presencia de Fulles en el lugar”.
Hermelo destacó también que en esta causa se sembraron pistas falsas. Y apuntó: “En función de todo lo hasta aquí expuesto y en su aplicación puntual al caso, no puedo más que concluir que debido a la ausencia en autos del resultado de gran cantidad de diligencias probatorias, dada la ineficiencia del sistema investigativo de esta Provincia basada en el accionar de las agencias estatales que laboran en el campo específico de la recolección de probanzas, los imputados no pueden permanecer privados de su libertad (...) Cercenar la libertad de una persona, por el solo hecho de calmar la presión de la opinión pública, ante la trascendencia que el caso ha tenido, significaría sin más desconocer aquel equilibrio entre el interés público y el interés particular (...) más aún cuando pueden el Ministerio Fiscal y las agencias estatales citadas urgir las medidas pendientes cuyos resultados no obstante el tiempo transcurrido no se han obtenido”.
Al caso Araceli le queda un sólo detenido, que con este escenario puede discutir su libertad con facilidad. No hay un sólo policía preso por la pérdida y destrucción de pruebas. A la fiscal, pese a su notable pasividad ante esto, nadie le ha reprochado nada.
Y San Martín sigue siendo uno de los dos partidos bonaerenses con mayor cantidad de denuncias por violencia de género, pese a lo cual su fiscal general, Marcelo Lapargo, se mantiene firme en su decisión de no adherir al protocolo de actuación judicial para estos casos impulsado por María Eugenia Vidal.
Araceli puede volver a ser asesinada en cualquier momento. ■