Los dirigentes gremiales apelarán el procesamiento que dispuso la jueza Servini
La magistrada cuestiona el desvío de fondos del Fútbol para Todos a través de una Fundación del gremio.
¿Por qué la jueza federal María Romilda Servini de Cubría resolvió pro- cesar a la cúpula gremial de Futbolistas Argentinos Agremiados? La magistrada está convencida de que Sergio Marchi (secretario general de Agremiados), Carlos Pandolfi (tesorero), Norberto Monteleone (gerente general) y Raúl Pagano (gerente financiero) son partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjucio de una administración pública. Los cuatro, además, ocupan los principales cargos de la fundación El Futbolista. La defensa de los dirigentes apelará la medida, que ahora pasará a una instancia superior
En el marco de la investigación de Fútbol para Todos, Servini cuestiona el 2 % de los ingresos brutos cobrados por la AFA por los derechos de televisación que recibió durante siete años la fundación El Futbolista, tras un acuerdo firmado con Julio Grondona, el fallecido titular de la entidad madre del fútbol argentino. La jueza afirma que el contrato entre la AFA y el Estado prohibía desviar esos fondos para otras causas y que los dirigentes de la AFA y el gremio firmaron el acuerdo aún conociendo ese impedimento.
Este fue el principal argumento para el procesamiento sin prisión preventiva de los cuatro dirigentes. Además, trabó un embargo contra ellos por un total de 10 millones de pesos, que lo hará efectivo el director del Registro de la Propiedad Inmueble sobre el edificio que adquirió la fundación El Futbolista en la calle Bernardo de Irigoyen 948/50, comprado en algo más de un millón de dólares.
En las 200 fojas que tiene el fallo de Servini de Cubría, la jueza también advierte sobre la compra de dólares (había más de 2 millones en las cajas de seguridad tanto de Agremiados como de la Fundación) en plena época de cepo cambiario. Por eso envió un exhorto a la presidente de la Camara Nacional en lo Penal Económico para que se investigue la presunta infracción a la ley cambiaria de los cuatro dirigentes.
Servini de Cubría, además, detalló algunos “llamativos gastos” que encontró en la documentación allanada en ambas sedes: servicios de mantenimiento de autos que eran de los dirigentes y no de las entidades, ingresos brutos de Rubén Checchia (secretario gremial) y pago de una cuota de la facultad de su hija, gastos excesivos en almuerzos y cenas, e ingresos brutos e implantes de Monteleone. Aunque no era objeto de la investigación, los acusa de “malversación de la entidad”.
En los escritos presentados ante la jueza, todos negaron cualquier tipo de ilícito. “No he cometido ningún ilícito ni defraudación, ni mucho menos me quedé con un centavo absolutamente de nadie”, dijo Sergio Marchi en su descargo, en julio pasado. ■