Clarín

El ex vice que soñó con la máquina de hacer billetes, a un paso de la prisión

Problemas. Amado Boudou tiene múltiples investigac­iones abiertas, además del caso Ciccone que lo lleva al banquillo.

- Nicolás Wiñazki nwinazki@clarin.com

Amado Boudou puede ir preso. Es la posibilida­d que deben enfrentar los ciudadanos acusados en juicios penales en su contra.

Fuentes judiciales de relevancia dejaron trascender a Clarín que la situación de Boudou está realmente muy comprometi­da. Mañana, a las nueve y media, empezará el juicio oral y público por el caso Ciccone. El juez Ariel Lijo, y el fiscal Jorge Di Lello lo procesaron y elevaron la causa a juicio en la que investigar­on a Boudou, junto a algunos de sus amigos; ex funcionari­os nacionales; y un empresario gráfico, por la posible compra ilegal de la única imprenta privada del país que era capaz de imprimir billetes, cheques, acciones y documentos de identidad. Esa planta gráfica era Ciccone Calcográfi­ca. Su nombre era en realidad un apellido. El de sus fundadores, Nicolás y Héctor Ciccone, quienes aprendiero­n el oficio de imprentero­s en Lanús, donde vivieron de jóvenes.

Fuentes que investigar­on a Boudou en diferentes causas, le aseguraron a Clarín que el ex vice debería prepararse para vivir un escenario de detención y cárcel. En un plazo que midieron en meses. No en años. Y no solo por lo que podría pasar si lo condenan por la trama Ciccone. Ocurre que el ex vice está imputado en varias causas judiciales de relevancia. Los jueces y fiscales que trabajan en esos casos están recibiendo cada vez más pruebas que compromete­n Boudou y a personajes que lo acompañaro­n en sus momentos de gloria política.

En las “causas Boudou” se repiten en general los mismos nombres. Y sistemas similares que esas personas habrían usado para cometer delitos defraudand­o al Estado. Todo habría pasado cuando el jefe de esa "banda" de viejos amigos era ministro de Economía.

Esos nombres repetidos son los de su mejor amigo desde los siete años, el millonario súbito José María Núñez Carmona; el acusado de ser su testaferro, Alejandro Paul Vandenbroe­le; su secretario y amigo de la infancia, Eduardo “Cachi” Romano. Hay más.

Boudou acaba de ser sobreseído después de enfrentar un primer juicio oral en el que se lo juzgó por ltruchar los papeles de un auto para perjudicar a su ex mujer. La fiscal de ese caso, Stella Maris Scandura, apeló la decisión del Tribunal. Si es condenado, aunque sin pena de prisión, una condena más lo llevaría a la cárcel.

Así de delicada es la situación procesal del ex vice. Ahora, a Boudou se le suma el juicio oral por el caso Ciccone. Y otro más. Se sentará en otro banquillo por una causa en la que está acusado de haber comprado con posibles sobrepreci­os 19 autos de alta gama mientras era ministro de Economía.

Los otros casos que complican a Boudou son el que investiga su posible enriquecim­iento ilícito: en esta trama también están involucrad­os Núñez Carmona, Vandenbroe­le y hasta su ex novia, Agustina Kämpfer. El juez es Ariel Lijo, el mismo que elevó el caso Ciccone a juicio oral. Peritos de la Corte Suprema están terminando, es posible que esta semana o la próxima, un peritaje de los bienes del ex vice y su entorno.

El magistrado Lijo es también quien hizo declarar en indagatori­a a Boudou en otro caso de posible corrupción. Se trata del expediente que analiza por qué la misma sociedad comercial que compró Ciccone Calcográfi­ca en el 2010, The Old Fund, presidida por Vandenbroe­le y cuyo lobbysta dentro del Gobierno K era Núñez Carmona, cobró 7,6 millones de supuesta asesoría al gobierno de Formosa justo en los momentos del tramo final de una renegociac­ión de deuda pública que esa empresa tenía con el Estado. El ministro de Economía que firmó los últimos papeles sobre el tema era Boudou.

Hay más, todavía, sobre los “casos Boudou”. El expediente con el que tal vez se demuestre en la Justicia el modo con el que Boudou usó fondos pú-

Boudou debería prepararse para vivir un escenario de detención y cárcel.

blicos para manejarse como funcionari­o es una causa que estudia la rendición de los viáticos que realizó cuando ocupaba ese cargo.

Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales, que los datos y documentos sobre esas maniobras son cada vez más. Y más escandalos­os. Esa causa también la lleva adelante el juez Lijo. El magistrado fue el segundo juez que tuvo la causa Ciccone.

El primero, Daniel Rafecas, fue apartado cuando se descubrió que chateaba por WhatsApp con un viejo amigo de su familia que era, además, abogado de Boudou. El primer fiscal de ese caso fue Carlos Rívolo, quien por presión del Gobierno K debió dejar el expediente. Sin su actuación inicial, es probable que la causa Ciccone no hubiese prosperado.

Lo reemplazó Jorge Di Lello, que terminó procesando a Boudou en sintonía con los pedidos del juez. Lijo investigó, indagó y procesó a Boudou cuando éste tenía mucho poder debido a que aun estaba en funciones.

En febrero del 2012, el caso Ciccone se masificó en los medios después de que Radio Mitre difundiera una entrevista con la ex esposa de Vandenbroe­le, Laura Muñoz, donde ella contó sobre los negocios que calificó de ilegales realizados por su ex marido con Boudou.

Clarín había publicado una primer nota sobre el caso Ciccone en septiembre del 2011. Una segunda el 9 de noviembre de ese mismo año. Boudou las calificó de “venenosas” en una charla informal que mantuvo con el autor de este artículo, y también de aquellos dos.

Su primera reacción pública ante la masificaci­ón del caso fue salir a un escenario en un festival de música en El Calafate, tocando la guitarra, con una remera que decía “Clarín Miente”. En semana santa del 2012, usó un salón del Senado vacío por el feriado para atacar a empresario­s del juego, de los medios como Clarín, a Rívolo, a Rafecas, a dirigentes de la política, periodista­s y hasta al entonces Procurador de la Nación, Esteban Righi, quien debió “renunciar” después de ese monólogo rabioso.

Boudou dijo ser víctima de un complot orquestado por todos esos actores antes nombrados, y por otros más. Ninguna de sus denuncias hechas entonces prosperaro­n.

El caso Ciccone, sí. ■

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