Ya hay más de 120 causas penales por las amenazas de bombas a los colegios
El Gobierno provincial busca ir a fondo contra los responsables. Les aplicaría multas de hasta $50 mil.
El Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que se extiende la ola de amenazas a escuelas en la Provincia. Dijeron que ya son más de 120 las causas pena- les abiertas y que los culpables van a afrontar multas de hasta 50 mil pesos. Cuando son menores, la Justicia apunta a los padres. Ayer, tres adolescentes de 17, 13 y 11 años fueron demorados junto al papá de otra menor por denunciar falsos atentados en colegios del Sur y el Oeste del Gran Buenos Aires.
Las autoridades están decididas a ir a fondo contra las amenazas de bomba en escuelas bonaerenses. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo ayer que “hay 120 causas abiertas” contra presuntos responsables de esas intimidaciones públicas. El funcionario aclaró además que el Estado demandará civilmente a los padres de los alumnos responsables de estas acciones.
Esto implicaría que -si avanzan esos expedientes, que en algunos casos son penales y en otros contravencionales-y los acusados resultan condenados, deberían afrontar demandas de entre 25.000 y 50.000 pesos, porque ese es el monto que reclamarán los denunciantes. Es el valor estimado de mover policías, peritos, realizar evacuaciones y otros movimientos logísticos que se derivan de cada denuncia de amenaza falsa.
“Hay mucha gente ya con proceso penal abierto. Ayer, más de 12 lugares distintos con chicos fueron allanados. Hay lugares con mayores que están siendo allanados también”, agregó el funcionario. Aclaró que algunos casos están en la Justicia provincial y otros en la Federal.
“Decidimos avanzar, desde la Provincia, en una causa civil contra los padres para que se hagan responsables. Porque lo que le cuesta al Estado es muchísimo”, explicó Ritondo.
En los últimos días hubo un intenso incremento de los episodios en aulas bonaerenses. Según los datos oficiales, entre el viernes y el lunes hubo 400 alertas en el 911. En un mes, se registraron 2.800 comunicaciones amenazantes.
Tres adolescentes de 11, 13 y 17 años, y el padre de otra menor, fueron demorados por la Policía bonaerense después de distintos operativos realizados en la zona oeste y sur del Conurbano.
En Moreno, Ituzaingó y Morón, a partir de una investigación federal, los tres menores quedaron involucrados en las causas por ser presuntos autores de por lo menos trece llamados. En operativos realizados en Morón se secuestraron diez celulares, usados para amenazas. El joven de 17 años está sospechado de realizar al menos cuatro intimidaciones falsas amenazas de bomba al colegio Jefferson de Ituzaingó Nº 562 de Moreno (el chico va a otra escuela). En Quilmes, un hombre de 42 años, padre de una menor de 14 que habría usado el celular para realizar amenazas de bomba, también fue demorado por “intimidación pública”.
Ayer, además, la situación se tornó crítica en Caseros, partido de Tres de Febrero, donde cinco escuelas debieron ser evacuadas entre las 10 y las 13. Casi dos mil alumnos estuvieron en las calles y plazas adyacentes durante el tiempo que duraron los procedimientos policiales que terminaron, como casi todas las amenazas, en una falsa alarma.
Tras la repetición de casos, esta semana también se registraron reacciones diversas en los establecimientos. Esta semana, por ejemplo, dos escuelas de Quilmes decidieron dar clases en la calle, cansados de las amenazas. Y ayer una ola de reacciones contrarias en las redes sociales se pronunciaron contra estas acciones anónimas. Es que muchos alumnos están hartos (tanto o más que sus padres, ver aparte) de entrar y salir. Y temen que esta pérdida de horas los termine haciendo perder materias. Muchos que tiene que levantar notas antes de fin de año están pidiendo que por favor terminen estas amenazas de una buena vez.
La crisis dio lugar a un acto de reflejo institucional. El martes se supo que la Legislatura provincial ya evalúa un proyecto que prevé hasta 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas en los colegios. El proyecto presentado por legisladores del oficialismo propone incorporar como artículo 74º, tercer apartado, al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada. w