Rajoy emplaza a Cataluña para que confirme si declaró o no su independencia
El plazo vence el lunes. Lo hizo un día después de que el líder catalán dejara “en suspenso” la ruptura con España. Madrid amenaza con aplicar todo el peso de la ley.
El jefe del Gobierno español le dio 5 días al líder catalán, Carles Puigdemont, para que ratifique o rectifique el anuncio de secesión que hizo en el Parlamento de Barcelona. Madrid amenaza con aplicar duras sanciones si Cataluña avanza con la ruptura.
Mariano Rajoy ha actuado con la contundencia que tanto se le exige. Va a aplicar el todopoderoso artículo 155 de la Constitución española que le da potestad para adoptar las medidas que juzgue necesarias para afrontar la rebelión del independentismo catalán, que se ha colocado en la total ilegalidad. El primer requisito del trámite para disparar el 155 es que Rajoy requiera a Carlos Puigdemont, presidente de la Generalitat, la confirmación de que ha formulado la declaración de independencia y evitar “la confusión generada”. Se informó que la Generalitat ya ha recibido el requerimiento y tiene hasta el lunes próximo para responder y hasta el 19 de octubre para rectificar, en caso de que haya declarado formalmente la sece- sión de España.
En caso de que el 19 no haya retornado Cataluña a la legalidad constitucional se activará el artículo 155 de la Constitución de 1978, que es dinamita pura por las grandes potestades que otorgan a los ejecutivos centrales sobre las comunidades autónimas. Se trata de un texto sencillo pero que otorga una muy vasta variedad de aplicaciones al gobierno. “El gobierno puede adoptar las medidas necesarias (estas son las dos palabras claves) para obligar a una Comunidad Autónoma el cumplimiento forzoso de sus obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen o, si fuera el caso, la protección el interés general”.
El primer requisito para poner en marcha el trámite del 155 es que el gobierno requiera previamente al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que le confirme si ha for-
mulado la declaración de independencia. Rajoy insistió en que su Ejecutivo quiere “ofrecer certezas y claridad a los españoles y a los catalanes. La respuesta (de Puigdemont) marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días”.
Es muy importante que a continuación Rajoy advirtiera que no aceptará como válidas excusas tramposas como las palabras de “he suspendido los efectos de la ley” u otras para iniciar el diálogo para la conciliación “que me recomiendan prestigiosas autoridades e instituciones internacionales”. Lo único aceptable para no disparar la aplicación del 155 es “volver a la legalidad”.
Los secesionistas catalanes no aceptan la “legalidad española” que han reemplazado por la “legalidad catalana”. No reconocen la Constitución, el Parlamento, los Tribunales ni cualquiera otra institución que no sean las suyas.
“En la contestación al requerimiento, el señor Puigdemont tiene la oportunidad de contestar a tantas llamadas desde tantos ámbitos para recuperar la legalidad”, precisó Rajoy. Y agregó que, “si Puigdemont respeta la legalidad, se pondría fin a un periodo de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña”.
“Es preciso que vuelvan la tranquilidad y el sosiego. Seguiré actuando con prudencia y tranquilidad”, concluyó Rajoy ante el Congreso.
El líder conservador quiere contar, para tomar una decisión tan drástica, que jamás se ha adoptado antes, con un fuerte respaldo político. Tiene el apoyo de los socialistas y los liberales de Ciudadanos, con los cuales forma una mayoría absoluta en el Parlamento.
El 155 es una copia del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn (Carta Magna alemana) donde se aplica la “coerción federal” para preservar la imprescindible “lealtad federal”.
La actuación más importante es anular la autonomía de la comuni
dad y hacerse cargo mediante un delegado especial y un nutrido de colaboradores de la gestión de la región. Otra es el llamado a elecciones generales. También, hacerse cargo con funcionarios especiales de la policía autonómica (los Mossos de Esquadra, por ejemplo) y las policías locales o municipales. Y todas las “medidas necesarias” que estime el Ejecutivo, que debe mantener informado al Senado.
Por la tarde, Rajoy compareció ante el Parlamento para abordar la crisis catalana. Advirtió que el derecho a decidir, invocado por los secesionistas, “no existe en un país democrático” y añadió que “ni un solo país del mundo” se ha podido tomar “mínimamente en serio” esa consulta del 1° de octubre, “que no resiste la más elemental prueba” de transparencia y neutralidad.
El titular del Ejecutivo tiene el respaldo de 254 diputados del PP, PSOE y los liberales de Ciudadanos que representan en conjunto el 73% de la Cámara.