Procesaron a Gils Carbó y el Gobierno presiona otra vez para que deje su cargo
Lo decidió el juez Ercolini y es por administración fraudulenta. Cree que la procuradora simuló una licitación para direccionar la compra. El embargo es por $ 7.000.000.
El juez Ercolini investiga la compra fraudulenta del edificio donde funciona la Procuración, que ordenó Gils Carbó apenas asumió en 2013 con aval kirchnerista. El magistrado cree que la funcionaria “ideó el plan para simular una licitación” y la embargó en $ 7 mi- llones. Se pagaron $ 43 millones por la propiedad, y un hermano del subdirector del organismo se llevó $ 3 millones de comisión. El ministro de Justicia pidió que “se tome licencia ya”. Y Elisa Carrió le apuntó diciendo que “usó la Procuración para hacer negocios”.
Por primera vez una Procuradora General de la Nación cuenta con un procesamiento en un caso de corrupción. La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini que ayer procesó a Alejandra Gils Carbó como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas del organismo. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones millonarias que rondaron los 10,7 millones de pesos. Unos $ 3 millones de esas comisiones se los llevó un medio hermano de Guillermo Bellingi, el subdirector del organismo.
El juez además embargó a la jefa de los Fiscales nacionales, por 7 millones de pesos. Otros cuatro imputados terminaron procesados, entre ellos el segundo de la funcionaria, Guillermo Bellingi.
Alejandra Gils Carbó, acorralada por la presión constante del Gobierno para que dé un paso al costado en su cargo, ya que consideran que no es imparcial por su simpatía declarada con el kirchnerismo, queda más complicada para la continuidad en su cargo al terminar procesada por la compra del edificio de la calle Perón.
En la resolución de más de 200 páginas, el juez Ercolini consideró que la Procuradora fue coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración públi- ca, que implica una pena de dos a seis años.
La operación de compra, que se llevó a cabo entre diciembre de 2012 y julio de 2013, contó con la participación "dolosa" de diversas personas, con roles diferenciados que representan en algunos casos "abuso de poder". Como partícipes de la maniobra, el juez procesó a tres imputados más.
El objetivo de la operación fue dar "apariencia de legitimidad" a un proceso administrativo, "con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación", señaló el juez Ercolini. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como "una farsa".
En este contexto, los imputados - entre ellos Gils Carbó-, se valieron de "formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", pero que para la Justicia estuvo decidido de "antemano" para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso.
Por ello, se procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi, acusados de "violar consciente y voluntariamente los deberes" de funcionarios públicos.
Bellingi, a quien Gils Carbó responsabilizó de todo en su indagatoria, fue el responsable de "modificar los términos de la licitación" que se consideró “direccionado desde su inicio" con un pliego "hecho a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano y pactada con la vendedora”.
Para la Justicia las principales au- toridades de la Procuración "idearon y ejecutaron un complejo plan" orientado a "adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667".
El acuerdo previo para la compra se habría hecho con los ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA", cuya cara visible fue Adrián Fischer, procesado y embargado en $5 millones.
Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA (constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza). Así, Jaureguiberry pudo hacer "la oferta que obtuviera mejor puntaje y resultara adjudicataria de la licitación".
Como dato que complicó a la Procuradora, ella declaró en su indagatoria haber visitado el edificio meses antes al llamado a licitación.
El inmueble tuvo un costo de 43.850.000 pesos y contó con la intervención "dolosa y fundamental" de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi). A ambos se les trabó un embargos de $5 millones.
El objetivo de la operación fue dar “apariencia de legitimidadad”