Dos testigos complicaron más al ex ministro en la causa de Río Turbio
Al declarar ante el juez, el coordinador y la contadora de la mina lo vincularon al desvío de fondos.
Los más de 500 convenios firmados por casi $ 5.000 millones entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la UniversIdad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), investigados por defraudación al Estado, tenía una palabra final para liberar los pagos millonarios: la del extinto Ministerio de Planificación Federal. “Los convenios venían firmados, no se informaban y el Ministerio era quien decía qué se pagaba y quién no”, declararon ante el juez Luis Rodríguez, días atrás, el ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Miguel Larregina, y su esposa, la contadora Marta Pérez. Apuntaron que las irregularidades investigadas en los convenios, pagos y licitaciones “se confeccionaban en el Ministerio”. Estos testimonios complicaron aún más al diputado del FpV, sobre quien pesa un pedido de detención en esa causa, previo desafuero.
El pedido enviado a la Cámara de Diputados por el juez Rodríguez se hizo por sospechas de una maniobra defraudatoria entre 2008 y 2016, que consistió en la “ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado, la UTN y la FRSC”. Todo, según el expediente, se realizó en “connivencia con funcionarios y empleados públicos” de estos organismos.
El magistrado determinó que a través de esa maniobra se celebraron más de 500 convenios -para diversas obras y capacitaciones-, por $4.866.400.000 de los que se facturaron $ 1.379.923.949. El perjuicio a las arcas del Estado asciende, en principio a $ 176.074.000.
¿ De dónde se desprende este monto? Fue dinero recibidos por la FRSC y la UTN por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados. Larregina explicó que los montos “los fijaba el Ministerio de Planificación” y que la “orden específica en el circuito de pago” provenía de la cartera que encabezaba De Vido.
El testigo señaló que no conoció personalmente al ex ministro K, pero que las decisiones administrativas que desde YCRT salían para celebrar convenios con la UTN y la FRSC provenían de su Ministerio. El planteo fue reforzado por la ex contadora de YCRT, quien declaró “el Ministerio indicaba los pagos, qué se debía pagar y a quién”. El dinero destinado a los convenios son objeto de investigación, como la elección de la UTN como “proveedor” de YCRT. “Todo iniciaba en Río Turbio” y terminaba “en la firma con la Universidad”. La contadora Pérez resaltó: “No nos comunicaban de los convenios celebrados” y que se enteraban de su existencia “cuando llegaban facturas emitidas por la UTN al Yacimiento, referidas a convenios de distinto objeto”.
Así, los convenios -según declaró la contadora- “carecían de documentación y llegaban firmados” y que las modificaciones de partidas presupuestarias “las ordenaba el Ministerio”. Respecto al dinero destinado a la UTN y la FRSC, Larregina dijo que “era Planificación quien indicaba qué facturas tenían que cancelar”. Sobre los pagos realizados se concentra gran parte de la investigación. Además, indicó el ex funcionario que el “100% de las licitaciones tramitaban en el Ministerio” y remarcó: “Yo no podía desviarme de tales instrucciones”.
Hubo casos donde se priorizaba “a pesar de la instrucción, la cancelación de gastos corrientes, es decir gastos relacionados con el personal”, explicó el ex funcionario. Los números detallados por Larregina arrojaron que lejos de invertir, el Ministerio se limitaba a pagar sueldos. ”El presupuesto fue de $ 15 mil millones, de los cuales 10.500 millones están en gastos corrientes que en su 90% es sueldos y gastos de personal”. sostuvo. ■