Piden indagar a Jaime por los seguros civiles para el Sarmiento
La fiscal federal María Alejandra Mángano pidió ayer a la jueza María Servini la citación a declaración indagatoria de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios kirchneristas, en una causa que investiga una supuesta defraudación de la ex concesionaria de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre en la contra- tación del seguro de responsabilidad civil que regía al momento de la tragedia de Once.
Además de Jaime y Schiavi, Mángano pidió la indagatoria del ex superintendente de Seguros de la Nación Juan Antonio Bontemopo, del ex gerente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y de los responsables de la entonces concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Cirigliano, Marcelo Calderón y Jorge Álvarez.
La lista también incluye al ex presidente de TBA Carlo Ferrari, además de integrantes de su directorio y al presidente de la empresa aseguradora Liderar, Oscar Nieves, su vicepresidente José Buccioni, entre otros, se- gún el dictamen al que hoy accedió Télam.
La fiscal que tiene delegada la investigación sostuvo que hay prueba suficiente para indagar a los imputados de lo que calificó como una “maniobra defraudatoria” que afectó al Estado Nacional y a las víctimas del choque del tren de Once del 22 de febrero de 2012 a la hora de reclamar indemnizaciones, además de las víctimas de otros accidentes ferroviarios en las líneas concesionadas durante los ocho años en que estuvo vigente la póliza cuestionada.
“Se incumplió deliberadamente con las obligaciones asumidas con el Estado Nacional através de la legislación de la concesión y concretamente se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado a partir de la suscripción de una póliza de seguro aparente que permitió frustrar los derechos de reparación de los civilmente afectados por distintos episodios dañosos, en particular pero no exclusivamente del choque registrado en la estación Once de la línea Sarmiento el 22 de febrero de 2012”, advirtió en el dictamen. La maniobra “no hubiera sido posible sin la connivencia de los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento del contrato”, agregó la fiscal en referencia a la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Superintedencia de Seguros de la Nación. La empresa TBA estaba obligada a contratar un seguro de responsabilidad civil. ■