Pistas para un buen debate social
Hay un buen síntoma en los intercambios actuales (lamentablemente no hay debates ni en política ni en economía). Se van acumulando indicios y evidencias que van dejando atrás los diagnósticos más calamitosos. La novedad, en buena hora, es que empiezan a aparecer los esfuerzos por identificar lo que está pendiente, lo que hace falta, lo que debería ser el horizonte.
En los meses recientes se acumularon elementos que corroboran que la creación de empleo se mantiene, aunque es muy lenta en el empleo privado y deficitaria en la industria. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reúnen información de diversas posiciones ocupacionales desde enero de 2012. En ese momento inicial, poco más del 80% estaba integrado por asalariados.
Desde entonces hasta el fin del segundo mandato de la Dra. Kirchner los no asalariados (que eran menos del 20%) contribuyeron con algo más del 30%. En ese mismo período la dinámica de los asalariados se modificó fuertemente: los privados que eran más de la mitad al inicio de la serie aportaron sólo 14%. En simultáneo, los estatales que no llegaban a un cuarto del total al comienzo contribuyeron entre 2012 y 2015 con la mitad de los nuevos empleos.
Es opinable si eso es bueno o malo en sí mismo. Lo que no permite dudas es que, por ese camino, la presión sobre las cuentas públicas se hace insostenible con el agregado de que la calidad de las prestaciones estatales en ese lapso no mostró mejoramientos acordes. Es lo que ha hecho decir a muchos –con propósitos dispares- que se trataba de disimulados subsidios al desempleo.
A partir de la asunción del Ing. Macri, se agudizó el menor aporte de asalariados privados (del 14 al 6%) y el aporte de empleo es- tatal se derrumbó hasta recuperar un valor equivalente al de su participación en el total del empleo. Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, el empleo público aportó un 24%, con lo que todos los asalariados registrados allegaron el 40% del total.
La enorme caída en el aporte de empleo estatal se compensó con el alza de los monotributistas, de modo que los no asalariados aportaron poco más del 60% del conjunto.
La crítica de los últimos años acerca de que el modo de comportamiento del mercado de trabajo del último lustro no era sostenible mantiene entonces validez. Primero debe ser quitada la hojarasca de la insolvencia de los críticos que ahora descubren lo que antes era visible pero se negaba. Una vez hecho esto, debe entenderse que es necesario identificar y operar medidas que produzcan un efectivo cambio en la dinámica del mercado laboral.
Es normal que los empresarios argumenten, casi por las dudas, que hacen falta cambios en las normas laborales que deberían propender al mejoramiento de las ganancias, pues de allí saldría la virtuosidad del “derrame”. Esa es una segunda hojarasca que debe desmontarse. Argentina necesita mejorar su productividad cuyo primer factor a recuperar es el de la inversión productiva y de riesgo. Esa tarea es propia de las empresas.
Luego de eso es preciso discutir de manera sectorial en las paritarias y genéricamente en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario la manera en que se pueden alcanzar mejores rendimientos productivos y determinar criterios y mecanismos que aseguren que los nuevos excedentes alcancen también a los trabajadores. Allí las partes tienen sin duda mucho que aportar además de sus legítimos reclamos. El vínculo laboral no debe ser uno de sometimiento de los trabajadores a arbitrariedades o abusos empresariales. Tampoco debe estar teñido de una maraña que en lugar de preservar la protección de los trabajadores se torne en construcción arbitraria de ventajas o prebendas para la dirigencia interviniente. El mundo del trabajo encuentra tanto a empresas pobres y empresarios ricos como a trabajadores pobres y gremios (o dirigentes) ricos.
Probablemente para estos propósitos sea útil que el INDEC complete algunas de sus múltiples tareas en esta etapa de recons- trucción de manera que la sociedad toda, los funcionarios, los empresarios y los trabajadores estemos en conocimiento completo y certero de elementos de juicio relevantes para estos debates.
Una de las cuestiones se relaciona con la serie de distribución funcional del ingreso, de la que conocemos su inicio (2004) y un punto actual (2016) sin el recorrido intermedio y, en el segundo caso, sin el detalle sectorial que permitiría una mejor comprensión del gran salto que muestran los números. El detalle de dicha serie debería ser un insumo privilegiado para las discusiones sectoriales que se anuncian.
Otra de no menor importancia refiere a la necesidad de completar la revisión oficial que permita saber con certeza cuál es el volumen y la composición de la fuerza laboral en la actualidad. Los registros del SIPA hablan de doce millones de ocupados en diversas posiciones. Faltan los no registrados. La EPH indica que hay once millones de ocupados en la treintena de aglomerados que releva. Pero la diferencia no es esa.
Al SIPA le falta toda la ocupación asalariada o no asalariada que actúa en el entramado productivo de alcance nacional por fuera de las normas legales e impositivas. A la EPH le falta asegurarse, primero, que su medición ocupacional es sólida habida cuenta de las intrigas que persisten luego de las modificaciones introducidas en 2013 presuntamente como consecuencia del censo de población de 2010. Parte de los cambios se deshicieron en 2016 y otros se profundizaron.
De tal manera no hay claridad sobre el factor a aplicar a los datos de la EPH para estimar el total a nivel nacional. Las cifras de los registros no se pueden compatibilizar con las de la Encuesta. Para mayor dificultad tampoco tenemos seguridad sobre cuál es el volumen actual de la población total o urbana residente en el país. De manera que los cometidos y tareas pendientes son inmensos y no hay quien pueda sentirse libre o ajeno a estas demandas. ■