Información al servicio del ciudadano
La información es el bien que quizás mejor termine caracterizando el siglo XXI. Es cada vez más reconocida la importancia de los datos, de su recolección, sistematización y estudio, en la búsqueda de soluciones a los problemas más complejos de las sociedades modernas. Y es cada vez más sencillo: a través de una computadora, el manejo de la información está al alcance de todos. Con esta nueva facilidad los gobiernos han empezado a promover una transparencia activa en la vida pública, compartiendo sus datos para que se pueda ejercer el control de sus actos y alertar sobre cualquier inconsistencia. La información se ha convertido rápidamente en un servicio básico que un Estado moderno debe proveer a sus ciudadanos.
En la Argentina, la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada el año pasado y recientemente reglamentada, nos lleva a cumplir con los estándares internacionales y nos ubica entre los países más avanzados en la materia.
Antes de la entrada en vigencia de esta ley, el decreto que regía la apertura de la información ya obligaba al Poder Ejecutivo a hacer pública la información. Lo revolucionario de la nueva norma es que extiende la apertura de datos a los Poderes Legislativo y Judicial. La ley creó también una Agencia de Acceso a la Información, para garantizar el funcionamiento de este primer plan integral de gobierno abierto de nuestro país. La Agencia, que va a ser encabezada por el reconocido especialista Eduardo Bertoni, tiene la tarea de velar por el cumplimiento de la ley y asegurar el funcionamiento del sistema. Otro paso importante a favor de la transparencia es la creación de los portales de datos abiertos, que hasta 2016 no existían en la Argentina. Estos datos nos permiten comprobar, por ejemplo, el impacto de los procesos de flagrancia en la disminución de los tiempos. En el 80% de las causas se cita a audiencia de imputación en un plazo de 30 días, mientras que en los procesos de flagrancia el 80% tiene llamado a citación a los 6 días.
En el caso de la justicia el gran desafío muchas veces es cambiar los mecanismos de trabajo. Los poderes judiciales y ministerios públicos de nuestro país tienen que llevar adelante importantes cambios organizacionales para adecuarse a los parámetros del siglo XXI. La recolección de la información colabora así con la modernización de la justicia en general, y todo va a contribuir a ofrecerle al ciudadano un servicio más moderno y accesible.
El nuevo compromiso con la transparencia está dando resultado. La sanción de la Ley de Acceso a la Información y la publicación de los portales de datos abiertos nos hizo subir, en un año, del puesto 54 al 17 en el principal índice que mide el nivel de apertura de datos de los gobiernos, el Open Data Index de la Open Knowledge Foundation. Nos insertamos en el mundo también en la medida en que cumplimos con los estándares internacionales de gobierno abierto y mostramos que tenemos un compromiso con darles a los ciudadanos el mejor servicio posible, uno transparente y moderno. ■