Juego de equilibrios y una dura sanción que no será inmediata
El final. El líder catalán usó el pedido de diálogo para frenar a sus socios radicales. La crisis ya entró en otro terreno, pero todo irá muy despacio, incluso los castigos.
Carles Puigdemont ha hecho malabares en busca de un terreno de diálogo con Madrid sin descolocar a sus aliados políticos radicales de la CUP y las asociaciones independentistas Omnium Cultural y ANC. Es la vereda que reclama a gritos la declaración de la independencia de una vez. El de ayer fue el último. Y no hay más. El presidente catalán considera que cualquier escenario que no lo tenga como proclamador de la secesión acabará con su mandato. Lo contrario, también.
Hasta ahora todo ha sido ni un paso atrás. Pero despacito. “Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, dice el último párrafo de la carta que Puigdemont le envió ayer, antes de las 10 de la mañana, a Rajoy.
El presidente catalán repitió, de este modo, su actitud del lunes: pedir diálogo y patear la pelota al campo contrario y hacia adelante. Pero esta vez, ajusta las clavijas en lo que el gobierno central y los partidos constitucionalistas consideran una amenaza. “Una democracia no puede aceptar chantajes”, dijo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, un militantes de la intervención de la región. Puigdemont pudo decir que no hay independencia, pero mantiene la espada en la mano. De modo que todo quedo en la línea de la sanción constitucional.
La penitencia aleccionadora que ayer alistó Rajoy no se concretará, sin embargo, de un día para otro. También será un trámite lento y conversado. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sólo tuvo un amague en 1989 cuando el gobierno del PSOE de Felipe González amenazó a la comunidad autónoma de Ca- narias con suspenderla si no adhería a la eliminación de aranceles, no tiene antecedentes en cuatro décadas de democracia. Eso desvela a Rajoy y los suyos que ya comienzan a estructura el calendario definitivo pero especialmente el alcance que podrían darle a la medida.
El gobierno anunció ayer una reunión extraordinaria de ministros que se celebrará mañana, sábado, apenas Rajoy vuelva de Bruselas. Allí se fijará, punto por punto, el contenido de la propuesta que el Ejecutivo elevará al Senado. Porque el 155 no es un cheque en blanco para que el gobierno intervenga a gusto y piacere.
Con el escrito propuesto por el Ejecutivo, el Senado tiene dos posibilidades: lo puede remitir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas o puede crear una comisión especial para analizar el caso.
“La tramitación en el Senado puede hacerse en un pleno extraordinario pero, una vez analizadas las medidas, el Senado, antes de votar, tiene que volver a requerir al presidente de la Generalitat que se avenga al cumplimiento de la legalidad”, explica Yolanda Gómez, catedrática de derecho constitucional.
Llegada esa instancia, Puigdemont puede defender él mismo los alegatos o delegar el trámite en otro miembro de su gobierno.
Aunque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, el PSOE y Ciudadanos apoyan a Rajoy en su política de intervenir la autonomía catalana, por lo cual la medida podría contar con más de 80 por ciento del apoyo en el Senado.
“Hay algo importante: incluso obteniendo autorización de la Cámara alta, el gobierno podría no aplicarla - agrega la constitucionalista Gómez-. La aplicación del 155 no es obligatoria en todos sus términos. El Senado habilita a esa intervención de carácter excepcional pero no la obliga.”
Los constitucionalistas coinciden, sin embargo, en que aun apurando los tiempos, el Senado no podría aprobar las medidas que el gobierno presente contra Cataluña hasta dentro de un plazo de por lo menos diez días o quizá más. ■