Un fallo lo habilita pero el Gobierno no echará a Gils Carbó por decreto
El juez Pablo Cayssials declaró inconstitucional ese requisito, incorporado en una ley.
Un juez en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la obligación de juntar dos tercios de los votos en el Congreso para remover a la procuradora investigada por corrupción. Pero el ministro de Justicia aclaró que buscarán apoyo opositor para impulsar su desplazamiento.
El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials declaró ayer la inconstitucionalidad del juicio político como sistema de remoción de la Procuradora general de la Nación. Si su sentencia fuera confirmada tras la segura apelación, Alejandra Gils Carbó podría llegar ser removida tras la sanción de una ley que establezca el modo de hacerlo.
Esta resolución clave respondió a la demanda judicial de la organización Será Justicia y del Colegio de Abogados de la Ciudad que conduce el doctor Guillermo Lipera, dos instituciones particularmente activas en los planteos judiciales y políticos que objetan la labor de Gils Carbó. En su petición, largamente fundamentada con fragmentos de las discusiones al respecto mantenidas por las convenciones constituyentes que trataron el asunto desde 1853, los demandantes habían reclamado que la Constitución Nacional no establece el juicio político para remover a la Procuradora. Ese requisito sólo fue incluido en el artículo 76 de la ley del Ministerio Público. El corazón de la argumentación es que la Carta Magna asemejó la inmunidad funcional del procurador con la de los legisladores, y no con la de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El juez Cayssials aceptó ese planteo, y consideró inconstitucional el cuestionado artículo 76. Y recuerda, además, que el juicio político para los miembros de la Corte está expresamente incluido en la Constitución.
“Si se admitiere la discrecionalidad del Congreso para determinar de antemano quiénes pueden gozar del privilegio derivado de ese status (la remoción a través de un juicio político) hasta que se levante su inmunidad, se vulneraría el principio de igualdad ante la ley, que es derivación directa del sistema republicano adoptado por la Constitución Nacional”, escribe Cayssials en su sentencia. “Asimismo, del citado precedente puede colegirse que el Congreso Nacional no puede incorporar casos para los que se requiere juicio político cuando la Constitución así no lo establece, pues con ello se conculcaría el principio de separación de los poderes”.
La procuradora general de la Nación -espada clave del kirchnerismo en la justicia- está asediada por la justicia y la política: el juez federal Julián Ercolini la procesó por supuesta corrupción en la compra de un edificio para la procuración, y la comisión bicameral de seguimiento y control del ministerio público del Congreso ya pidió aquel auto de procesamiento y analiza impulsar el juicio político contra Gils Carbó. Si quedara firme, el fallo de ayer eliminará ese requisito, y podría permitirle al gobierno explorar otros caminos para desplazarla.
“El juez fue claro al decir que la exigencia legal del juicio político para remover a la procuradora es contraria a nuestra Constitución Nacional. Por ende, corresponde a hora que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y subsane el error ocurrido modificando el artículo de la ley del ministerio público declarado inconstitucional, y sancione un mecanismo de remoción compatible con la Carta Magna”, dijo a Clarín Lipera.
La jefa de los fiscales apelará la medida. Cerca de su despacho, se respiraba ayer una mezcla de estupor y furia: “Es muy obvio el avasallamiento institucional, estas cosas sólo pasan en Venezuela”, se quejaba ante este diario uno de sus colaboradores. “Este caso lo inició un grupo de abogados cercanos al gobierno, algunos incluso son funcionarios.”
El contragolpe de la procuración comenzará con la apelación a la sentencia de Cayssials, y continuará con una denuncia de hostigamiento ante
los organismos internacionales, supuestamente apoyada por “organismos y asociaciones de abogados no macristas”. “El fallo es ignominioso: hoy la perjudicada es Alejandra, mañana puede ser otro procurador”, concluyeron los íntimos de Gils Carbó.
Mientras la sentencia de ayer comienza a discutirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se abre un nuevo panorama en la estrategia oficialista para desplazar a la jefa de los fiscales con el menor ruido institucional posible. Por lo pronto, el gobierno admitió que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley del ministerio público, que posiblemente recoja algunas de las propuestas que ya habían sido acordadas el año pasado con un sector del peronismo y el Frente Renovador: acotar el mandato del procurador -hoy vitalicio- a un período de cinco años renovable con acuerdo del Congreso, u otorgar a la Comisión Bicameral funciones de control respecto de la creación de nuevas fiscalías y estructuras para evitar los manejos arbitrarios criticados a Gils Carbó. A esas y otras ideas, ahora habrá que consensuar un método para desplazar a los procuradores que se ajuste a la Constitución. Que seguramente será activado de inmediato. ■