Rajoy anuncia que tomará el poder en Cataluña y llamará a elecciones anticipadas
Enviará al Senado el pedido de intervención de la región. La Cámara, que controla el oficialismo, votará el viernes. La iniciativa desplazará al presidente local y las otras autoridades. Es la primera vez que se adopta esta medida en 40 años de democracia
Sorpresa en Madrid y perplejidad en Cataluña ante un durísimo Mariano Rajoy que propuso ayer al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al gobierno catalán, interviniendo parcialmente -pero en profundidad- al “parlament”, y organizando elecciones anticipadas en seis meses. Fue la decisión más drástica de una seguidilla de varapalos. El mensaje de ayer confirmó los adelantos publicados por Clarín en- tre otros medios sobre esta medida. El próximo viernes el Senado, que cotrola el Partido Popular, votará la puesta en marcha de la intervención y Madrid tomará el gobierno regional.
El presidente recibió el apoyo relevante de sus aliados socialistas (ya se dijo el viernes que pactaron la fecha de las elecciones) y los liberales de centro derecha de Ciudadanos. “Nosotros queremos diálogo y respeto a las comunidades autónomas, pero para estar juntos los españoles no para rompernos”, proclamó Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Ciudadanos, que surgió como partido de éxito en elecciones catalanas, y acaba de dar el “sorpasso” a Podemos (Pablo Iglesias) es más rígido que Rajoy porque representa a los catalanes no independentistas, acosados y la “minoría silenciada” que han salido ahora de la cueva.
Había casi un consenso, que Rajoy estimulo, de que se iba a producir una aplicación “blanda” minimalista del 155. Era una patraña porque no existe esa versión “amable” de una medida de coerción federal para meter en vereda por las bravas a una comunidad autónoma en abierta desobediencia al poder federal. El 155 siempre es duro y Rajoy por eso lo eligió después de muchas dudas.
Ayer Rajoy eligió la defenestración de todo el ejecutivo de la Generalitat (gobierno) de Cataluña, empezando por su titular, Carles Puigdemont quien ayer encabezó una marcha multitudinaria en la que advirtió que no tolerará la medida aunque por cierto no indicó de qué modo piensa evitarla. Madrid también intervendrá parcialmente las potestades del Parlamento catalán para evitar un “fraude de ley” y evitar que convoque a elecciones o maniobre para prote- ger el poder de los secesionistas.
Incluso se reserva el derecho a vetar las decisiones parlamentarias que considere contrarias a la Constitución o la legislación española y también el de convocatoria. El “parlament” deberá, además, informar al Senado periódicamente sobre sus actuaciones y, sobre todo, intenciones.
No habrá suspensión de la autonomía catalana ni de su autogobierno, pero cuando el Senado, donde Rajoy tiene mayoría absoluta, apruebe sus planes el 27 próximo, la intervención limitara grandemente su autonomía. El plazo original de las elecciones adelantadas era el 28 de enero, pero ahora ese lapso se extenderá a seis meses. Para hacerlo Rajoy solo tiene que pedir la aprobación del Senado. Rajoy se reserva el derecho de convocarlas, una potestad que ostenta ahora el Parlament y que le será retirada.
Una novedad importante la dio el Fiscal General, José Manuel Maza, quien anunció que querellara a Puigdemont por el delito de rebelión que supone un castigo penal de hasta 30 años de cárcel.
La decisión del gobierno está directamente relacionada con los repetidos anuncios de Puigdemont y las fuerzas secesionistas de que el próximo miércoles o jueves el parlamento catalán declare la independencia. Rajoy argumentó que sus objetivos son volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.
El ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno español, aunque la
idea es que las competencias las asuman los ministros del Ejecutivo central que comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. Todos los departamentos están afectados, entre ellos, prioritarios, vicepresidencia, Interior y Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca. Serán en la práctica los ministerios en Madrid, con funcionarios en Barcelona, los encargados de llevar adelante la gestión.
El acuerdo del 155 contempla la posibilidad de que los funcionarios de la Generalitat (300.000) se nieguen a acatar las órdenes de las nuevas autoridades, y por eso advierte de que el incumplimiento “podría ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria” y que esa situación puede tener consecuencias “patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar”.
También se establecerán mecanismos de control de la policía catalana, los Mossos de Esquadra, que pasarán a depender del Ministerio del Interior, y se cesará a su jefe, el Mayor Trapero.
No se esperaba tampoco que se hiciera efectivo un control de los medios de comunicación que son fundamentales para el separatismo. Sobre todo la televisión oficial catalana, TV3, y algunas radios. Ahora estarán vigilados para “informar con objetividad y veracidad” y tendrán que dar cuenta de sus planes y movimientos, según se informó en Madrid.