Acusan a los separatistas de rebelión, sedición y malversación de fondos
La Fiscalía General imputa esos delitos a Carles Puigdemont, al vice Junqueras y a unos 20 funcionarios.
Treinta años de cárcel, pena máxima por rebelión, quince por sedición y varios reproches penales por malversación de fondos. Estas son las acusaciones de la fiscalía contra todo el ex gobierno catalán y los Consellers (ministros) encabezados por el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. Además, también imputan a la Mesa del Parlamento, cuya titular es Carme Forcadell, quién además está procesada en otras tres causas. En total, los querellados suman veinte personas. El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza anuncio al mediodía de ayer la presentación de dos querellas por rebelión, sedición, malversación de fondos y otros delitos conexos (que no identificó), en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. El procesamiento se dirige contra “todos los políticos responsables por la declaración de independencia de Cataluña, producida el viernes pasado.
En ambas, el fiscal reclama la “exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros (300.000 euros cada uno)”, que corresponden a partidas vinculadas a la celebración del referéndum.
El Fiscal General ha explicado que la querella en la Audiencia Nacional se interpone contra los miembros del Govern porque ya no gozan de fueros. La querella en el Supremo se presenta contra los miembros de la Mesa de Parlament que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia. El fiscal no pide medidas cautelares ahora, y se reserva hacerlo cuando se les cite “en atención a la gravedad de los hechos imputados”. En su querella solicita la comparecencia “urgente” de los políticos, a fin de tomarles declaración como investigados y de valorar la adopción de medidas cautelares. Todo ello en atención “a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. En caso de incomparecencia, el fiscal pide la inmediata detención”.
Maza ha afirmado en su alocución, en la que no ha permitido preguntas, que los querellados actuaron “con total desprecio a la Constitución”. Según el escrito del fiscal, el 1° de octubre, el president de la Generalitat “dejaba a las claras” la estrategia del Govern: “Llevar a término el referéndum ilegal desobedeciendo los autos judiciales mediante la presión intimidatoria de la multitud, impidiendo la actuación de las fuerzas del orden público”. Según la querella, “la violencia que requiere el tipo” [de rebelión] no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, y se basa en la sentencia de abril de 1983 contra Tejero y los golpistas del 23F. Así explica el texto la imputación por rebelión: “La concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes, tornará el alzamiento en violento y belicoso”.
“Las movilizaciones y las concen- traciones tumultuarias desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes de la autoridad cumplir con sus funciones, los actos de acoso en forma de escraches a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ejemplifican cómo por parte de los querellados no se buscaba contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista”, detalla el texto. ■