Su comunidad lo condenó a muerte por un crimen y lo entregó a la Justicia
En un juicio paralelo, 21 caciques mbyá sentenciaron a un joven. Ahora un juez podría indagarlo.
En un juicio veloz y después de escuchar a testigos y al acusado, un Consejo de Caciques mbyá condenó a un joven aborigen a la pena de muerte o su entrega al sistema judicial tras hallarlo responsable de la muerte de su pareja, hecho que la Policía de Misiones investigaba como suicidio.
Los tres caciques llegaron al Juzgado de Instrucción de Puerto Rico con un acta y pidieron hablar con el juez Rubén Osvaldo Lunge.
Con la asistencia de Ariel Araujo, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, relataron cómo se había aplicado el ancestral sistema de justicia.
El 16 de octubre, a media mañana, se halló pendiendo de un árbol el cuerpo de Mariana Benítez, una aborigen de 15 años, pareja de Víctor González, de 22. La joven había desaparecido ocho días antes de la aldea Ñamandú, cercana a la localidad de Ruiz de Montoya, 120 kilómetros al norte de Posadas.
Un primer informe médico reveló que la menor se había suicidado y el juez Lunge ordenó que el cuerpo fuera inhumado. La Policía inició una investigación con esa carátula, pero surgieron las primeras dudas, fundamentalmente a partir de la declara- ción testimonial de González. Su relato tenía algunos puntos oscuros. Tres días después el magistrado ordenó la exhumación y remisión del cadáver al Cuerpo Médico Forense de Posadas para un examen más profundo.
Mientras la Justicia seguía sus lentos y burocráticos pasos, los mbyá decidieron moverse más rápido: convocaron a una asamblea, que contó con la presencia de 21 caciques de la zona. Los líderes políticos de las distintas aldeas decidieron aplicar su propio sistema disciplinario y dejaron todo asentado en un acta.
Durante el procedimiento hubo testimonios y el propio sospechoso tuvo la oportunidad de contar lo que había sucedido. Sin embargo, el joven optó por el silencio.
Los caciques deliberaron y concluyeron en base a indicios que González era el responsable del asesinato de su pareja y lo condenaron a muerte. Como la pena máxima no rige en la Argentina, resolvieron entregar al acusado a la Justicia y pedir la mayor pena prevista para el delito.
Para seguir de cerca el proceso judicial, el Consejo de Caciques realizó una presentación formal para constituirse en querellante.
Fuentes judiciales dijeron que los caciques no descartaron que el acusado haya actuado bajo los efectos de drogas, un mal que logró penetrar en las aldeas de los pueblos originarios asentados en la provincia.
El sospechoso fue entregado a la Justicia por los caciques y quedó detenido en una comisaría. El juez Lunge aguarda el resultado de la autopsia para decidir su futuro procesal. En lo inmediato, podría ser llamado a indagatoria. ■