Bajan impuestos en autos y gravan la ganancia de plazos fijos y bonos
Según el Gobierno, su proyecto apunta a formalizar 4,5 millones de trabajadores y a bajar la litigiosidad. Quieren enviarlo al Congreso dentro de 2 semanas. Críticas de la CGT.
El Gobierno comenzó a detallar las reformas laboral, tributaria y financiera que anunció el Presidente. Los autos de $ 380.000 a $ 800.000 ya no pagarán impuestos internos, al igual que las motos de hasta $ 140.000. En cambio, subirán los impuestos para el vino, la cerveza y las gaseosas con azúcar. Se gravará la renta de plazos fijos y títulos en dólares y en pesos.
Sin dilaciones, el mismo lunes en que el Presidente presentó su proyecto de "consensos básicos" en el CCK, el ministro de Trabajo Jorge Triaca le entregó a los representantes de la cúpula de la CGT y de las Cámaras Empresarias un borrador con la propuesta oficial de reforma laboral que en dos semanas aterrizará en el Congreso. Esa es la urgencia del Gobierno, que prefiere aprovechar el impulso político por el espaldarazo que logró en las elecciones en lugar de la renovación parlamentaria.
Las espadas legislativas del macrismo advierten, sin embargo, que es casi imposible que el proyecto se trate antes del 10 de diciembre. “La idea es que sea un proyecto que nazca del consenso”, afirman desde lo más alto el Gabinete.
En rigor, lo que falta -ante todo- es el consenso político. No está claro to- davía por qué Cámara ingresaría el proyecto. Hace meses que Triaca y el secretario de Empleo Miguel Ponte - un hombre del vicejefe de Gabinete Mario Quintana- mantienen reuniones periódicas con gremios y empresarios para discutir una reforma que dentro del Gobierno tildan de “gradualista” y “equilibrada” cuando la comparan con la brasileña a la que los empresarios miran con cariño y que algunos funcionarios hubieran preferido.
El oficialismo, en tanto, seguirá avanzando en mesas sectoriales particulares para revisar convenios colectivos específicos.
El proyecto de 145 artículos tiene - en palabras de sus creadores- cinco ejes fundamentales: blanqueo laboral y costo del empleo, modificación del sistema indemnizatorio, del sistema formativo (pasantías), y la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.
El “blanqueo laboral” busca formalizar a 4,5 millones de trabajadores en “negro”.
La medida duraría un año y permitirá durante los primeros seis meses una extinción de penas a los empresarios. Las empresas que se adhieran al segundo semestre solo pagarían el 30% de lo adeudado en materia de aportes y contribuciones patronales.
El segundo punto aspira a unificar los sistemas contributivos, y que las cargas y aportes patronales se reduzcan en un plazo de cinco años. La medida afectaría el régimen indemnizatorio mediante el cual los trabajadores pueden reclamar por las prestaciones ajenas al salario básico.
Quedarían excluidos de las indemnizaciones el sueldo anual complementario, las horas extra, los bonos, las compensaciones de gastos y “todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual". Además, habilita la creación de “un fondo de cese laboral”, que serviría para pagar un seguro de desempleo en el que aportarían empresas y trabajadores. Los empleadores que lo utilizaran, no pagarían indemnizaciones por despidos injustificados.
“Será parecido al sistema de la Construcción”, adelantaron en el Ministerio de Trabajo, donde afirman que “no se toca en nada el derecho indemnizatorio”, porque seguirá vigente el mes de preaviso, y el cálculo según el mes de paga por año trabajado.
“Bajaría mucho la litigiosidad y ayudaría a evitar el marco jurídico del conflicto”, sentenciaron cerca de Triaca.
El proyecto también propone acortar de dos años a uno el plazo para que un trabajador pueda iniciar un juicio laboral después de desvincularse y extender a 15 días el plazo de licencia por nacimiento.
Entre los ministros destacaron que un desafío será cómo favorecer el régimen de pasantías para “formar empleados” sin replicar el modelo de los 90, que significaba “trabajo encubierto”.
La reforma incluye, además, un capítulo para los “trabajadores que dan trabajo”, quienes pueden incluir hasta cuatro empleados bajo el régimen de “colaboradores”.
A pedido de la CGT, el proyecto retoma la creación de la agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que el oficialismo había presentado en el Senado.
El proyecto ya cosechó críticas de la CGT. Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la CGT, advirtió al Gobierno, porque los “trabajadores ya cedieron demasiado”. "Habrá que ver si la reforma en cada uno de los enunciados trae detrás alguna trampa en la letra chica”, alertó.
En Trabajo destacaron que el proyecto no afecta “el modelo sindical, sino que lo favorece”. ■