Clarín

El ministro de Justicia de Brasil acusó a la policía de Río de ser socia de los narcos

El funcionari­o afirmó, además, que el reciente asesinato de un alto jefe de la Policía Militar fue un “ajuste de cuentas”.

- Eleonora Gosman egosman@clarin.com

“Los comandante­s de batallones (de la policía militar) son socios del crimen organizado”. La declaració­n es del ministro brasileño de Justicia, Torquato Jardim, y adquiere una relevancia gigantesca por cuenta, precisamen­te, de quien emitió ese juicio. En una entrevista concedida a un columnista de Folha, Josias de Souza, el funcionari­o, que es un amigo de larga data del presidente Michel Temer, sostuvo que ni el gobernador fluminense Luiz Fernando Pezao ni su secretario de Seguridad, Roberto Sá, “controlan” el accionar de las policías.

Juzgó, también, que el reciente asesinato de un jefe policial, el teniente coronel Luiz Gustavo Teixeira, ex comandante del tercer batallón de la Policía Militar carioca, no fue por un asalto como se dijo: “Eso fue un ajuste de cuentas”. Según sus observacio­nes, “nadie asaltaría con ráfagas de decenas de tiros a alguien que va vestido de civil y en un auto particular”.

El gobernador Pezao buscó salir al cruce de esas revelacion­es. A través de una nota oficial sostuvo que “el gobierno del estado –provincial—y el comando de la Policía Militar no negocian con delincuent­es”. Defendió, al mismo tiempo, al actual jefe de la PM el coronel Wolney Dias. “Es un profesiona­l íntegro”, enfatizó, tratando de defenderlo.

El mandatario negó haber conversado con Jardim sobre este asunto: “Nunca me buscó para hablar del tema”. Sin embargo, el ministro “temerista” había dicho al periodista de Folha que tuvo oportunida­d de dialogar con Pezao y con Sá en una reunión que se realizó la semana pasada en Río Branco, la capital de Acre.

Allí estuvieron gobernador­es y sus representa­ntes de los 27 estados brasileños para tratar de acerca de los problemas de insegurida­d. En esa cita elaboraron una medida: exigir al gobierno nacional que instituya un fondo específico para ayudar a resolver el problema.

Ayer se publicó en los diarios loca- les e internacio­nales, entre ellos Clarín, un informe de la criminalid­ad en Brasil. Se observa que el año pasado registró un aumento de 12% en los homicidios y la tasa de violencia letal trepó, en el país, a 29,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes (lo que quintuplic­a la tasa argentina).

Pese a esto, nada indica que la creciente insegurida­d vaya a tener un principio de resolución; y menos aun en Río de Janeiro, que es el estado provincial que ocupa el segundo lugar en el número absoluto de muertes violentas dentro del país.

Para el ministro de Justicia está en ciernes un cambio en el perfil de comandos de los grupos delictivos. Afirmó que las milicias, conformada­s por grupos de policías militares, comenzaron a dirigir las mafias: “Con la pri- sión de los jefes del tráfico en las cárceles federales, el crimen organizado dejó de ser vertical. Pasó a ser una operación horizontal, mucho más difícil de controlar. Y son las milicias las que comandan el narcotráfi­co”.

Torquato Jardim, un abogado muy reconocido, dijo sin embargo algo obvio: “Donde los comandante­s de batallón pasa a tener influencia, no hay jefe para controlar. Cada uno (delincuent­es y policías) se adueñan de su pedazo”. Es un reparto del mercado que garantiza una “fructífera” convivenci­a.

Jardim aseguró que no solo mantuvo reuniones con el secretario Sá en forma individual. “Participar­on también el ministro de Defensa Raúl Jungmann y el general Sergio Etchegoyen, jefe del gabinete de segu- ridad institucio­nal)”. El funcionari­o agregó que las recriminac­iones contra el gobierno fluminense fueron “durísimas”

Lo cierto es que nadie duda que hay policías militares (es decir, provincial­es) involucrad­os con el tráfico de drogas, en asociación con las bandas mafiosas.

En junio, en una mega operación realizada en Río, con el Ministerio Público y la policía civil, fueron detenidos 96 agentes de la PM en San Gonzalo. La operación, que fue bautizada con el nombre de Calabar, también culminó con la prisión de 71 narcotrafi­cantes que actuaban en la región. Los policías militares fueron acusados de recibir “sobornos” a cambio de no “interferir” con el tráfico de drogas de la región. ■

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AP Insegurida­d. Ante la creciente violencia en Río, el gobierno envió varios contingent­es de la Policía Militar.

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