Según un sondeo, uno de cada cuatro argentinos dice que podría pagar un soborno
Lo reveló una encuesta que midió la percepción de qué tan efectivo es un soborno para evitar una detención, obtener un contrato con el Estado o conseguir un fallo favorable de un juez. El promedio en el país supera a la media de Latinoamérica.
Una encuesta de Latinbarómetro asegura que el 41% de los consultados cree que podría evitar un arresto pagándole una coima a un policía. Un 40% sobornaría a un funcionario para conseguir un contrato y un 36% dice que “adornaría” a un juez para obtener un fallo favorable.
Hace casi 132 años, el 18 de diciembre de 1885, Domingo Faustino Sarmiento publicó un artículo en el diario El Censor -que le pertenecía- en el que escribió: "“El presidente Roca hace negocios y su hermano 'ataliva'”. En su texto, Sarmiento denunciaba cómo el hermano del primer mandatario, llamado Ataliva, ofrecía tierras públicas a precios irrisorios y acumulaba la diferencia en las arcas familiares. El autor de Facundo convirtió un nombre propio en verbo para dar cuenta de que en la Argentina decimonónica ya había que ponerle nombre al cobro de coimas. A esta altura del siglo XXI, ese cobro de coimas sigue en el imaginario popular: cuatro de cada diez argentinos creen que es probable sobornar a un policía. Y ese oficial de las fuerzas de seguridad no está solo: el 36 por ciento de los argentinos ve probable coimear a un juez y el 40 por ciento asegura que se puede "adornar" al funcionario de un ministerio.
Los datos se desprenden de un estudio que la consultora Latinobarómetro llevó a cabo en 18 países de América Latina, a través de 20.200 encuestas a mediados de este año. De ese total, 1.200 se hicieron en ciudades de Argentina, y determinaron que el país se ubica en quinto lugar -detrás de Paraguay, República Dominicana, Venezuela y México- en cuanto a las probabilidades de corromper a varios tipos de funcionarios públicos que percibe la población.
Sin embargo, la preocupación de los argentinos por la corrupción - siempre según Latinobarómetro- no es de las más altas de la región: aunque el 91 por ciento asegura que se sentiría obligado a denunciar un acto de corrupción si lo presenciara, sólo el 6 por ciento de los encuestados considera que se trata del problema más importante del país, por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza el 10 por ciento.
"En general, la corrupción es un fenómeno que atraviesa a toda la región latinoamericana. Hace veinte o treinta años, era algo especialmente centrado en Argentina y México, pero ahora se ha expandido, por lo que se volvió un motivo de preocupación para la ciudadanía de distintos países", sostiene desde Chile Marta Lagos, directora de la consultora. "Esa preocupación no se verifica en Argentina, tal vez porque conviven con la corrupción desde hace mucho tiempo, entonces no la consideran un problema", agrega.
Para Germán Emanuele, abogado y director del área de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, "el rechazo que el ciudadano argentino tiene ante la corrupción de las instituciones implica también una falta de autocrítica, porque se ve al resto como corrupto, pero nadie se ve a sí mismo como tal". Según explica, "hay una percepción de que la corrupción tiene que ver sólo con los casos mediáticos; causa rechazo, por ejemplo, ver cómo se tira un bolso lleno de plata por encima de una pared o ver cómo la corrupción derivó en la tragedia de Once, pero en el día a día, donde son posibles actos como ofrecerle plata a un policía para evitar una multa, la ciudadanía no se detiene a ver qué rol juega la población civil".
En ese sentido, sólo el 36 por ciento de los argentinos cree que el Estado ha progresado en la lucha contra la corrupción, una cifra casi coincidente con el 35 por ciento del promedio regional. "Las democracias latinoamericanas han creado mecanismos para controlar que no haya hechos de corrupción y para ser más transparentes, pero los niveles de corrupción previos hacen que esto recién esté saliendo a flote", enfatiza Lagos.
Según Emanuele "el Estado tiene que elevar la vara al demandar mayor transparencia en sus mecanismos: los sistemas de prevención y sanción ante un hecho de corrupción son endebles en Argentina; hay que mejorarlos no sólo para evitar que tu vecino soborne a un policía para que no le haga una multa de tránsito, sino también para que se abra un sumario administrativo cuando un funcionario comete un acto de corrupción".
El especialista asegura: "La sociedad está demandando cada vez más transparencia cuando estalla algún caso de corrupción muy escandaloso, pero todavía no identificamos la corrupción más fina, que es también cuando un funcionario usa un avión del Estado para ir a ver a un pariente, o cuando se otorgan licitaciones de manera discrecional, y también cuando un ciudadano llano quiere coimear a un policía".
En su investigación, Latinobarómetro no se limitó a las preguntas sobre los sobornos para dar cuenta de cómo los ciudadanos ven a sus pares. Los encuestadores también preguntaron si creen que sus vecinos están dispuestos a comprar objetos robados: el promedio regional fue del 18 por ciento, mientras que en Argentina la cifra alcanzó el 21 por ciento, ubicando al país en quinto lugar.
Esos actos son los que, según los especialistas, no alcanzan a preocupar a la sociedad tanto como para demandar soluciones. La demanda sí aparece cuando los mecanismos corruptos se vuelven más grotescos y, claro, cuando el Estado mete la cola. Para eso, dos siglos atrás Sarmiento inventó una palabra que lo explicara en argentino. ■