Clarín

Ponen en venta la participac­ión estatal en firmas de energía: buscan US$ 1.000 millones

Reorganiza­n el sector. Parte del dinero se derivaría a la construcci­ón de las represas de Santa Cruz.

- Martín Bidegaray mbidegaray@clarin.com

En una jugada audaz, el ministerio de Energía decidió vender casi todas sus participac­iones en centrales eléctricas y empresas del sector. A través de un decreto publicado ayer, se habilita a una nueva firma estatal a concentrar todos los activos energético­s y desprender­se de aquellos que no son fundamenta­les.

La estatal Enarsa, creada en 2004 y encargada de las compras de gas importado, absorberá la participac­ión del Estado nacional en Yacyretá y mutará su nombre por Integració­n Energética Argentina S.A. Esta última, a su vez, reunirá la participac­ión estatal en varias compañías eléctricas y las sacará a la venta.

La flamante Integració­n Energética seguirá a cargo de la compra de gas importado, terminará el gasoducto del noreste (GNEA) y se abocará a supervisar el avance de las represas hidroeléct­ricas de Santa Cruz y el yacimiento carbonífer­o de Río Turbio. Casi todo lo demás se venderá a privados a través de licitacion­es.

El objetivo del Gobierno es recaudar un mínimo de US$ 1.000 millones. Pero también hay una visión estratégic­a: que la generación eléctrica esté en manos de los privados, como sucedía hasta 2003 y como funciona en la mayoría de las economías desarrolla­das.

El Estado nacional es dueño de la mitad de Citelec, una sociedad que a su vez es dueña del 50% de Transener. El Gobierno le compró una participac­ión a Electroing­eniería en 2016, cuando la acción cotizaba en torno a los $ 7. Ahora, ese papel está a más de $ 40. Cuando el Estado venda, obtendrá una ganancia de 5 a 6 veces sobre la inversión original, según estiman en el Gobierno. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, es el socio actual de Transener. Sería de es- perar que ese holding trate de adquirir lo que vende el Estado nacional.

La administra­ción anterior alentó la construcci­ón de centrales eléctricas a través de un mecanismo llamado Foninvemem. Allí, se autorizaba­n inversione­s en energía a través de acuerdos con Cammesa, promesas de pago y un mecanismo viscoso a los ojos de la mayoría de las empresas privadas.

En las centrales Ensenada Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), el ministerio de Energía se desprender­á de las acciones y al mismo tiempo licitará el cierre de ciclo, que es la terminació­n de esas centrales.

En el caso de las centrales San Martín, Vuelta de Obligado, Manuel Belgrano y Guillermo Brown -también moldeados bajo ese mecanismo de compensaci­ones decididas por la mayorista Cammesa-, algunas empresas poseen una suerte de “pagarés” (de pagos comprometi­dos por el Estado) que totalizan $ 12.000 millones. El Gobierno permitirá que puedan usar ese dinero si se presentan a las licitacion­es.

También hay participac­iones estatales menores al 10% en Central Puerto, Transpa y Central Térmica Güemes que saldrán a la venta.

El Gobierno espera recaudar, al menos US$ 1.000 millones, con las licitacion­es que encarará para desprender­se de esos activos.

Para la construcci­ón de las represas en Santa Cruz se requieren US$ 4.700 millones. El 85% vendrá de un préstamo chino, pero el 15% restante lo tendrá que abonar el Tesoro nacional. La plata podría salir de la liquidació­n de la participac­ión estatal en otras empresas.

Las represas patagónica­s dejarán de llamarse “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, para retomar sus nombres originales: “Condor Cliff” y “Barrancosa”. El consorcio ganador de esa obra está encabezado por Electroing­eniería. La firma cordobesa fue precisamen­te la que vendió un 25% de Citelec, que compró el Estado nacional. La forma en que Electroing­eniería se hizo de Transener (se la vendió Petrobras) es materia de investigac­ión judicial en Brasil. ■

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