El ex presidente catalán no irá a declarar y Madrid podría ordenar su arresto
Imputado por sedición y malversación, Puigdemont dijo que no se presentará ante los tribunales. Al estar en Bruselas, la Justicia emitiría una “orden de entrega”.
El destitudo presidente catalán Carles Puigdemont, según su abogado belga, no se presentará hoy ante la Audiencia Nacional española, imputado por los graves delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La magistrada Carmen Lamela, como está prescripto, dictará una orden de detención para que la fuerza pública lo conduzca hasta el tribunal.
Pero, como Puigdemont se encuentra en Bélgica, donde ha realizado numerosas declaraciones afirmando que las acusaciones son “ilícitas”, la jueza pondrá en marcha una Orden Europea de Entrega (OEDE) “eurorden”. Este es un procedimiento pactado en 2004 en la Comunidad Europea para agilizar los trámites de extradición.
Por empezar, acorta el comienzo del procedimiento ya que se realiza de juez español a juez belga, sin pasar por el gobierno, un sistema ágil de entrega por lo que, al finalizar el procedimiento, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto del ex titular de la Generalitat y enviarlo a España.
¿Y qué pasaría si Puigdemont desaparece de Bélgica y se disuelve en paradero desconocido?
En ese caso, se dictaría a través de Interpol una orden internacional de búsqueda y captura. Si se ubica a la persona en cuestión se pide su detención al país donde se encuentre y se inician trámites de extradición.
En cuanto a la “eurorden” aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil -en unos 60 días la Justicia del país requerido suele acordar la entrega de la persona buscada-, fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación de fondos públicos.
Este delito es la clave para que la justicia belga, que lo tiene en su Código Penal como en toda Europa, acepte el cargo contra Puigdemont. El delito en España pena con hasta ocho años de cárcel al funcionario o entidad pública que utilice dineros públicos con otros propósitos de los que corresponden. Por ejemplo, que recursos que debían dedicarse a financiar ayudas a menores discapacitados se utilicen para las campañas independentistas, como se ha descubierto ahora.
Puigdemont, su vice Oriol Junqueras y otros 13 miembros del ex gobierno de la Generalitat deberán declarar hoy a las 9 ante la Audiencia Nacional, por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Media de hora después, ante el Tribunal Supremo por estar aforados, han sido convoca- dos la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los cinco miembros de la Mesa del Parlamento imputados por los mismos delitos.
En el caso de Puigdemont y otros, la jueza Lamela ha impuesto una fianza conjunta a los imputados para cubrir posibles daños civiles, por 6.200.000 euros, el costo estimado de la organización de la Declaración de Independencia. En caso de que no se cubra se decretará el embargo de bienes a los acusados.
El delito de rebelión conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel y el de sedición 15. La Fiscalía estima solicitar al juez el ingreso en prisión de algunos de los investigados como medida cautelar ante el temor de que se fuguen.
Todos estos personajes, destituidos fulminantemente por el presidente del gobierno español Mariano Rajoy al intervenir Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución, son los principales responsables de la Declaración de la Independencia y República Catalana, realizada por el Parlamento el viernes pasado.
El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sostiene que durante cerca de los dos meses en que se intensificó el plan independentista, que culminó el viernes 27 con la declaración unilateral de independencia, hubo alzamiento, violencia, intimidación, escraches a policías y guardias civiles y también insurrección. El máximo responsable es quien en todo el proceso ha sido el presidente de la Generalitat, Puigdemont, y el resto del Govern. Pero ellos han necesitado ayuda para llevar a cabo sus planes secesionistas. ■