Boudou y la trama secreta de Ciccone: Cristina sabía todo
Protección. La ex presidenta conocía los detalles del negocio de su vice con la imprenta. Lo protegió ante el embate judicial, y le garantizó negocios millonarios.
Cristina Fernández, siendo Presidenta, supo que Amado Boudou había comprado la fábrica de billetes Ciccone Calcográfica. Supo qué banco local estaba involucrado en esa trama, el Macro, de Jorge Brito. Y aun así protegió a su vice cuando el caso se difundió de manera masiva en febrero del 2012. Más que eso. No sólo defendió a Boudou -nunca en declaraciones públicas pero sí a través de órdenes y estrategias que le hizo cumplir en privado- sino que también utilizó acciones gubernamentales, primero, para hacerle ganar dinero a esa imprenta cuando ya estaba bajo sospecha judicial. Y luego, para intentar garantizarle impunidad a su vice -y a ella misma también- cuando envió al Congreso un decreto pidiendo que se estatice esa planta gráfica. Fue en agosto del 2012. La mayoría automática K en el Congreso votó la expropiación de Ciccone.
Quien presidió la sesión en el Senado aquel día fue el propio Boudou, titular de ese cuerpo porque era el vi- cepresidente de la República.
El juez Ariel Lijo ordenó ayer la detención de Boudou. Y de su socio y mejor amigo desde los siete años, el millonario súbito José María Núñez Carmona. Y también le puso fecha a declaraciones indagatorias del acusado de ser otro de los testefarros de Boudou, Alejandro Vandenbroele; a otro de sus viejos amigos de Mar del Plata y gerente de su “holding”, Juan Carlos “El Sordo” López; y a una ex novia del ex vice, Agustina Kämpfer.
Fue en el marco del expediente Ciccone que investiga el enriquecimiento ilícito de Boudou y el posible lavado de dinero gracias a la influencia que habría usado desde sus cargos de ministro de Economía y vicepresidente para generar negocios ilegales que se materializaban en el ámbito privado a través de Núñez Carmona y Vandenbroele. El juez determinó que todas estas personas conformaron, con responsabilidades diferentes, una “asociación ilícita”.
Los argumentos para meter preso a dos figuras emblemáticas de la supuesta corrupción K fueron, según el escrito de Lijo, que podrían obstruir el accionar judicial.
Cristina Fernández sabía que Bou- dou estaba detrás del cambio de manos de la megaimprenta Ciccone antes de que la ciudadana Laura Muñoz dijera en Radio Mitre y en Clarín que su ex esposo, Alejandro Vandenbroele, era “testaferro” del vicepresidente y que trabajaba con Núñez Carmona.
En las elecciones de 2011, en las que ella eligió a Boudou como candidato a vicepresidente sin consultarlo ni con el peronismo ni con su Gabinete, el Frente para la Victoria intentó imprimir sus boletas electorales... en la imprenta Ciccone, ya bajo el mando de la sociedad comercial The Old Fund, presidida por Vandenbroele.
Como las máquinas impresoras de esa compañía no alcanzaban a confeccionar esos papeles cruciales para la votación debido al largo que tenían, el socio de Boudou y Vandenbroele debieron pedirle consejo a quien sí es un imprentero del alma y no un improvisado: Nicolás Ciccone, quien fundó la imprenta que llevaba su apellido junto a su hermano, Héctor, ya fallecido. Ciccone asegura, y así lo dijo en el juicio oral, que se vio presionado a entregarle a su firma a representantes del Gobierno K porque la AFIP le había pedido la quiebra mientras al mismo tiempo el Estado no le pagaba deudas por la confección de pasaportes.
O sea: el 54,11 % del electorado que votó por la fórmula Cristina KircherAmado Boudou, sufragó metiendo en las urnas boletas que habían sido impresas por la ex Ciccone.
Clarín publicó la primera nota sobre el caso el 18 de septiembre del 2011. La segunda, en noviembre. Ni Gobierno K ni Boudou dieron explicaciones al respecto.
En febrero del 2012, la ex esposa de Vandenbroele, Muñoz, denunció a su ex marido en declaraciones públicas y en la Justicia.
En la primera instrucción que llevó adelante el fiscal Carlos Rivolo, junto al juez Daniel Rafecas, la causa Ciccone avanzó de tal modo que Boudou, por orden de la Presidenta, se presentó en la Semana Santa de ese año en un Senado vacío por los feria- dos para denunciar un complot que incluía, según él, al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, a Rivolo, a Rafecas, a empresarios del juego y de los medios, entre otros.
Righi fue echado de su cargo por orden de la Casa Rosada. Rivolo fue apartado de la instrucción. Rafecas también, aunque con un matiz: se dieron a conocer chats que el juez mantenía con un amigo de su infancia pero que también era amigo de Boudou. El caso pasó a ser investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
En abril de 2012, la Presidenta le ordenó al Banco Central que contratase a Ciccone, ya en manos de los amigos y acusados de ser los testaferros del vice, para fabricar 410 millones de billetes de cien pesos. Eso le generó una ganancia de 160 millones de pesos a la sociedad comercial que manejaba en nombre de Boudou a la imprenta, llamada The Old Fund. Ciccone Calcográfica ya era investigada por lavado de dinero en Uruguay.
En agosto de ese mismo año, la Presidenta ordenó expropiar Ciccone, aduciendo que buscaba así recuperar la “soberanía monetaria”.
A los pocos meses, los billetes de cien pesos de la Argentina se imprimían también en Brasil y Chile.
La ex Presidenta, hoy senadora nacional con fueros, supo lo que había hecho en su momento su vice respecto a Ciccone, y otros negocios más de similar estilo. Lo defendió pese al escándalo judicial y político desatado alrededor de una figura que se ganó su confianza absoluta.
Pero jamás, nunca, en cuatro años como Presidenta, se animó a hacer una defensa pública del hombre al que eligió para que la suceda en el cargo por si algo le llegaba a pasar. El presidente del Senado de la Nación. Allí donde se legisla para hacer las leyes. ■
En abril de 2012, la Presidenta le ordenó al Banco Central que contratase a Ciccone