La jueza denunci a al ex presidente y a sus ministros por insurrección
La orden que dictó la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont fue de búsqueda y captura inmediata del ex presidente catalán, a quien acusa de haber alentado un “movimiento de insurrección activa”, con “proclamas abonando la idea -entre la gente- de la existencia de un derecho de autodeterminación” .
La decisión se realiza con ámbito “nacional e internacional” para Puigdemont que viajó a Bruselas, donde se encuentra refugiado para eludir la citación judicial para declarar como imputado ante la Audiencia Nacional de Madrid. Los cargos formales son rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.
La magistrada incluye en su orden los cuatro ex Consellers (ministros) de su Ejecutivo que lo acompañan en Bruselas acusados de los mismos delitos.
Otra decisión judicial de mucha trascendencia en Cataluña, es también de la Audiencia Nacional que desestimó ayer el recurso de petición de libertad de los líderes de las entidades independentistas de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Omnium Cutural, Jordi Cuixart. Por lo tanto, se ratifica la decisión de la juez Carmela Landa quien decretó en prisión incondicional sin fianza a los dos acusados por sedición.
Sánchez y Cuizart son los dos más importantes dirigentes populares de Cataluña, los “dueños de la calle” y grandes protagonistas de la movilización independentista. Con estas decisiones judiciales de Lamela se pone en marcha una “euroorden”, contra Puigdemont y los cuatro ex Consellers de la Generalitat que, transmitida de jueza española a magistrado belga, agiliza notablemente el trámite de extradición.
La jueza ha tramitado diez autos, dos por cada investigado. En uno se gestiona la “orden de detención” ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se ha enviado. En el otro se formaliza la orden nacional e internacional de búsqueda y captura que se transmite a través de la Guardia Civil y la Policia Nacional con la colaboración de Interpol, en caso de que los cinco mencionados se ausenten de Bélgica. Ordena su ingreso en prisión provisional y sin fianza al constatar que están en paradero desconocido.
La jueza señala en su auto (resolución judicial con razonamiento) que el imputado aprovechó su posición al frente de la Generalitat con el fin de “llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña” junto a otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas. “Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurreción y desafiando el ordenamiento constitucional”.
Añade la decisión que Puigdemont era “conocedor de la radical falta de competencia de la comunidad autónoma de Cataluña para convocar un referéndum”. “Pese a lo que insistió públicamente en mantener la convocatoria del referéndum como primer paso del llamado ‘proceso de desconexión’ del Estado español”, señala la magistrada. Añade que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional le fueron notificados “personalmente” y “reiterados de forma clara y sin fisuras”.
La fiscalía belga aseguró ayer que “aplicará la ley” en cuanto reciba la euroorden de detención y entrega por extradición. El ministerio federal sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla. La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial.
El proceso, según el letrado Paul Bekaert, defensor del ex presidente, “llevará un tiempo”. La orden de detención “tiene que ser traducida y luego tramitada por la Policía federal, en el parquet federal (Fiscalía) en nues- tro país” (por Bélgica). “Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción”, indicó el abogado.
La excepción de la carga contra el ex ejecutivo catalán ha sido el ex ministro de empresas Santi Vila, quien quedó libre tras el pago de una fianza de 50.000 euros. Vila había advertido que renunciará a su cartera si se avanzaba por la via de la secesión. Y cuando el entonces presidente se aprestaba a hacerlo, entregó su dimisión. Ahora aparece como una figura política cuya proyección se verá también en diciembre.