Maduro cita a los tenedores de bonos para renegociar la deuda venezolana
Los convocó para el lunes próximo. En plena crisis, propondrá un cambio en las condiciones de pago.
El gobierno de Nicolás Maduro convocó para este lunes a los acreedores que poseen bonos de la deuda externa venezolana, a fin de plantearles una renegociación de los plazos y cambios en las condiciones de pago. Lo hace en un momento sumamente difícil para el país, y cuando se aproxima la batalla electoral por la presidencia de 2018.
Esta maniobra demuestra las dificultades que tiene el oficialismo venezolano para continuar con su política de pagar a toda costa, algo que mantuvo hasta ahora pese a las consecuencias sobre la economía del país, donde el desabastecimiento de productos de primera necesidad y la inflación alcanzaron niveles sin precedentes.
Maduro planea buscar su reelección para el mandato 2019-2025 y los posibles nuevos términos sobre la deuda podrían liberar recursos que le permitirían abordar con más posi- bilidades una larga campaña.
La deuda externa en títulos de la república supera los 63.000 millones de dólares, que se suman a unos 28.000 millones de PDVSA. Grupos independientes calculan la deuda total venezolana en 184.000 millones de esa moneda.
Los primeros amagos de la negociación han estado rodeados de limitada información y especulaciones sobre si los tenedores de bonos de la deuda soberana y de PDVSA asistirán a la cita este 13 de noviembre, debido a que Washington sancionó al Gobierno prohibiendo la negociación de deuda nueva.
Las dudas emergieron desde un primer momento, cuando Maduro designó como jefe de la comisión que negociará con los acreedores a su vicepresidente Tareck El Aissami. El funcionario fue sancionado por Washington, que a comienzos de año lo agregó a una lista negra por integrar supuestamente una organización dedicada al narcotráfico. El gobierno de Donald Trump sumó el jueves otros 10 funcionarios a la lista.
Las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela en agosto impiden que el gobierno recurra a fuentes externas de capital y prohíben que inversionistas estadounidenses negocien la deuda venezolana. “Eso dificulta llegar a un acuerdo con sus acreedores”, opinó Andrea Saldarriaga, analista para América Latina del centro Atlantic Council. Un 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses. “A esto se le suma la falta de liquidez de Venezuela”, agregó. Con la economía devastada y reservas internacionales de apenas 9.700 millones de dólares, Venezuela encara obligaciones para 2018 por más de 8.000 millones.
En tanto, la Unión Europea acordó esta semana adoptar sanciones contra Venezuela. Entre ellas podría incluir la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables de la represión en el país caribeño y congelar los bienes que puedan tener en la UE.
El gobierno venezolano ha sido ambiguo en su replanteo de la deuda: habla de “refinanciación” (oferta de canje de bonos) y de “reestructuración” (que obligaría a los acreedores a aceptar nuevos términos), según Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. De acuerdo al experto, para ambos procesos debe mostrar un plan de reformas económicas. “Debe ofrecer garantías de con qué va a pagar”, apuntó por su parte el economista Orlando Ochoa.
Guillermo Rodríguez, especialista en temas económicos, estimó que el plan del Gobierno es buscar un recorte en los pagos del capital de la deuda, negociando también los plazos por intereses. “Tengo la impresión de que lo que están haciendo ahora lo debieron hacer hace dos años, cuando las condiciones financieras eran más favorables. Ahora el perfil de riesgo país es muy alto”, señaló.
Según Eurasia Group y IHS Markit, si dejara de pagar la deuda, Maduro tendría un alivio temporal, con dinero para importar bienes básicos de cara a la campaña para las elecciones presidenciales de 2018. Pero a mediano plazo, advirtió Ecoanalítica, un default profundizaría “la recesión” en un país con cuatro años de contracción (36%), al borde de la hiperinflación y una producción petrolera que cayó 23% desde 2008. “A largo plazo, las consecuencias financieras agravarían el descontento social y potencialmente debilitarían el apoyo interno al gobierno”, consideraron los especialistas. ■