Acusan a Maduro ante la Corte de La Haya por delitos de lesa humanidad y piden su arresto
La ex fiscal chavista Luisa Ortega entregó testimonios y pruebas contra el presidente venezolano y cuatro altos funcionarios. Los denunció por asesinatos, torturas y encarcelamientos. Dijo que lo hacía porque en su país “no hay justicia”.
La ex fiscal venezolana Luisa Ortega denunció ayer ante la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya al presidente de su país, Nicolás Maduro, y a varios de sus funcionarios por crímenes de lesa humanidad y otros delitos, para quienes pidió una orden de arresto internacional.
La acusación también recae sobre Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director del servicio de inteligencia (Sebin); y Antonio Benavides Torres, jefe del gobierno del Distrito Capital de Venezuela.
La ex fiscal Ortega consignó ante la Corte Penal (CPI) de la ciudad holandesa un voluminoso expediente que incluye más de 1.000 testimonios y pruebas documentadas y recolectadas por la Fiscalía General nacional entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela. Durante una reunión de una hora y media ante sus colegas de la Corte Penal Internacional, la jurista venezola dijo que sus aportes demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos “asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, según dijo Ortega a su salida del Tribunal de La Haya.
“En mi condición de fiscal general he cedido (…) todos los elementos con que cuenta el Ministerio Público, más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico-legales, inspecciones técnicas y entrevistas”, sostuvo en un video de su cuenta en Twitter.
Ortega presidió el Ministerio Público de la Venezuela chavista durante una década, entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, y fue un notable instrumento legal del régimen. Incluso, sectores de la oposición aún hoy le reprochan haber sido la autoridad judicial que validó el juicio y encierro del líder opositor Leopoldo López, que pasó dos años en prisión acusado de traición y otros delitos en una causa inventada, como declaró el ex fiscal Franklin Nieve, en julio pasado, exiliado en Estados Unidos. Cuando Ortega levantó su voz durante las protestas de inicios de año, la fiscal fue ilegalmente destituida el 5 de agosto. Junto a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, huyeron a Bogotá. Desde entonces, Ortega ha viajado por diversos países denunciando la grave situación que vive su país.
En el vídeo grabado en la puerta de la CPI, la ex fiscal destacó que se vio en la necesidad de elevar la denuncia ante el organismo internacional porque en Venezuela no es posible sancionar a los responsables de tales crímenes, pues “no hay justicia”. Denunció que en 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares. En 2016, 4.667 personas bajo las mismas condiciones y hasta el mes de junio de este año
unas 1.846 personas, “todas bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el gobierno de limpieza social”, dijo.
La ex fiscal general señaló que incluyó más de 17.000 detenciones arbitrarias, casos de torturas, la militarización de la seguridad ciudadana a través de la resolución 8610 que permitió el uso de armas de fuego en manifestaciones que, posteriormente, trajo como consecuencias la muerte y la represión de miles de ciudadanos del país caribeño.
“Nicolás Maduro debe pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como también debe pagar por el hambre, las penurias a las que ha sometido al pueblo de Venezuela”, declaró Ortega ante la prensa.
Venezuela es uno de los más de 120 países que ratificaron el tratado de creación de la CPI. Sin embargo, no es cosa segura que el fiscal principal de la Corte, Fatou Bensouda, haga lugar al pedido de Ortega. Su oficina recibe cientos de denuncias similares por año.
En el pasado, la fiscalía recibió otras denuncias de presuntos crímenes políticos de las autoridades venezolanas contra la oposición política. En 2006 se negó a iniciar una investigación, pero aclaró que se podía revisar la decisión “a la luz de nuevos hechos o pruebas”. Luisa Ortega se adelantó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya organización analizará próximamente si los casos de violación de los derechos humanos en Venezuela van a ser remitidos a la Corte Penal Internacional.
Más de 120 personas murieron y otros cientos fueron encarcelados o heridos durante las movilizaciones contra el gobierno venezolano en los primeros meses del año. Varios gobiernos y las Naciones Unidas criticaron la represión.