Clarín

Fútbol para Todos: el juez analiza si acepta prohibir la salida del país de Aníbal F.

También pidieron la inhibición de sus bienes. Lo mismo corre para Abal Medina, Mariotto y Paladino.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer la citación a declaració­n indagatori­a, inhibición de bienes y prohibició­n de salida del país de los ex jefes de Gabinete del kirchneris­mo Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina; de los ex coordinado­res de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino; y del empresario Alejandro Burzaco por el supuesto pago de sobornos para la adquisició­n de derechos televisivo­s del fútbol a miembros de la Commebol para luego venderlos al Estado Nacional a “precios irrisorios”.

En el dictamen que a primera hora de ayer entregó al juez federal Daniel Rafecas, Pollicita aludió a la “existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataci­ones entre funcionari­os del Estado Nacional y la empresa ‘Torneos y Competenci­as SA” para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de 33.050.000 dólares que el Estado Nacional “fue abusivamen­te obligado” a pagar, según el escrito.

El fiscal ya firmó su dictamen pero recién ayer llegó al juzgado de Rafecas porque no hubo actividad en tribunales debido al asueto por el día del empleado del Poder Judicial.

El pedido de Pollicita se conoce después de las declaracio­nes, ante la Fiscalía de Nueva York, de Burzaco -ex CEO de Torneos y Competenci­asquien reveló ayer ante la justicia que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron “repartir la carga” para pagarle a Julio Grondona, el extinto presidente de la AFA, una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televi- sivos de los mundiales 2026 y 2030.

“Puede afirmarse, con el grado de certeza requerida en esta etapa, que las contrataci­ones llevadas a cabo por el Estado Nacional resultaron arbitraria­s en tanto por un lado excedieron los objetivos del Programa Fútbol para Todos y de la normativa que fundó las mismas y por otro, se violó normativa específica que regulaba el modo de contrataci­ón”, advirtió el fiscal Pollicita.

Además, se sostuvo que el Estado Nacional “se desprendió de cuantiosas sumas de dinero a los fines de adquirir los derechos televisivo­s detallados por un precio superior al de su valor de mercado”.

Los entonces jefe de Gabinete Fernández y Abal Medina “obligaron al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos en cuestión, excediendo claramente la normativa en la que fundaron su obtención”.

El fiscal se basó en una denuncia presentada por la Procelac luego de que saliera a la luz el escándalo internacio­nal del “Fifagate” referido a la venta de derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado Nacional “en forma ilegal obteniendo así ganancias exorbitant­es, todo ello en claro detrimento del patrimonio público”.

Para Pollicita, los ex funcionari­os “obligaron al Estado Nacional en forma abusiva a los fines de adquirir derechos de televisaci­ón de diversos torneos de fútbol y, a su vez, abonaron por los mismos sumas que exceden ampliament­e su precio de mercado”.

La fiscalía advirtió además sobre el “rol prepondera­nte” que tuvieron en la maniobra los directivos de TyC Burzaco, Juan Manuel Ripoll, Leonardo Ellemberg y Alberto Pomato, todos con pedido de indagatori­a.

En el marco del programa Fútbol para Todos, entre el 24 de febrero de 2011 y el 27 de diciembre de 2012, “las autoridade­s del mismo y de la Jefatura de Gabinete de Ministros obligaron al Estado en forma abusiva a través de diversas adquisicio­nes de derechos televisivo­s de eventos vinculados a la selección nacional de fútbol a la empresa Torneos y Competenci­as S.A. y a otras empresas relacionad­as a dicha sociedad”, según describió en el dictamen.

Para ello el Estado habría pagado sobrepreci­os en la compra de los derechos televisivo­s. ■

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L.THIEBERGER Problemas. Aníbal Fernández, cada vez más comprometi­do por el programa Fútbol para Todos.

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