Citan a Echegaray, Insfrán y a Brito por el caso Ciccone y un negocio en Formosa
El juez Lijo también citó al banquero Moneta, a funcionarios formoseños y allegados al director del banco Macro. Los acusa por coimas y el financiamiento para la compra de Ciccone.
El juez Ariel Lijo citó como sospechosos al ex titular de la AFIP, al gobernador de Formosa y al presidente del Banco Macro, ahora de licencia, para que declaren en los próximos días. Fue después de escuchar al arrepentido Vandenbroele, quien acusó al ex vicepresidente Boudou y a los dirigentes mencionados de participar en la financiación fraudulenta de la ex Ciccone. Y también dio detalles del pago de coimas en la reestructuración de la deuda formoseña con una consultora de Boudou. La citación a indagatoria incluye para los tres imputados la prohibición de salir del país.
Lo que empezó siendo una causa judicial que investigaba a un vicepresidente en ejercicio por la presunta compra ilegal de una imprenta para hacer billetes, el caso Ciccone, se transformó en las últimos días en una red de pesquisas judiciales aun más extraordinaria de lo que ya era.
El protagonista de diferentes tramas posiblemente ilegales no es sólo un ex vicepresidente de la República. Ayer fueron imputados y llamados a declarar en indagatoria en expedientes “conexos” al de Ciccone diferentes protagonistas del poder político y económico que hasta ahora eran “intocables” en la Justicia.
El juez que instruye esos “expedientes Boudou”, Ariel Lijo, imputó y citó al banquero más rico del país, Jorge Brito, acusado de ser el financista de Amado Boudou en negocios presuntamente ilegales, sobre todo en la compra y puesta en marcha de la fábrica de hacer dinero Ciccone Calcográfica. Brito deberá declarar el 27 de noviembre.
En otra causa conexa, Lijo también imputó y llamó a indagatoria al dirigente peronista que más tiempo lleva gobernando una provincia de forma ininterrumpida (22 años), el formoseño Gildo Insfrán (4 de diciembre). Al mandatario se lo investiga por el supuesto uso de dinero público para pagar una coima a Boudou cuando era ministro de Economía. Sería un delito curioso: Insfrán habría “sobornado” a Boudou pagándole a una sociedad que la Justicia atribuye como propiedad del ex vice para que éste firmara la reestructuración de la deuda pública de Formosa. Fue en 2010. Boudou era ministro de Economía. Pero según el juez, aquella deuda ya se había renegociado antes de la lle- gada de Boudou a Economía. En esa causa, además, se investiga si el ex funcionario no le devolvió parte de “soborno” al propio Insfrán, vía la transferencia de 500 mil dólares que fueron a una cuenta de uno de sus principales asesores financieros, el hoy director del banco de Formosa, Martin Cortés. La ex ministra de Economía de la provincia, Inés Lotto de Vecchietti, será indagada el 5 de diciembre.
Lijo también pidió la ampliación de la indagatoria del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien está acusado de haber ayudado de forma ilegal para que Ciccone Calcográfica, ya en manos de Boudou, pudiera conseguir una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado. Lo escuchará el 28 de noviembre.
Otro de los citados es el banquero Raúl Moneta, también investigado como uno de los que aportó financiación para la capitalización de la fábrica de billetes. Pero su delicado estado de salud dejó abierta la fecha de la convocatoria. Por las maniobras para rescatar a Ciccone y financiar su compra también declararán Máximo Lanusse (el 20 de noviembre), Pablo Jorge Amato (el 29 de noviembre) y Francisco Sguera, el 1º de diciembre.
Este nuevo escenario es un giro total en causas en las que se investiga la presunta corrupción cometida por Boudou, siempre direccionando de modo presuntamente ilegal fondos estatales a las cuentas privadas de la sociedad comercial The Old Fund.
El desencadenante de estas medidas se produjo tras la declaración como “arrepentido” de quien fue el ideólogo del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Vandenbroele. El viernes, Lijo había homologado el acuerdo que Vandenbroele le había pedido al fiscal de las “causas Boudou”, Jorge Di Lello. Lijo le creyó a Vandenbroele. Escuchó su declaración. Leyó la documentación que llevó a su juzgado para probar sus dichos buscando así una reducción de su condena. El magistrado consideró que los dichos de Vandenbroele pueden ayudar a dilucidar los casos de corrupción vinculados a Boudou.
Ayer, el magistrado empezó a tomar las primeras medidas de prueba que nacieron de la “guía” oral y escrita de Vandenbroele.
Boudou arrastró así a los infortunios judiciales a Brito, el banquero con más poder financiero del país. También a un gobernador que administra una provincia desde 1995, y que jamás había tenido problemas con la Justicia federal porteña.Y lo mismo con uno de sus viejos enemigos en el Gobierno K: Echegaray.
Lijo ordenó a principios de este mes que Boudou fuera a prisión, igual que su socio y mejor amigo, el millonario súbito José María Núñez Carmona. Consideró que integraban en calidad de jefes una asociación ilícita que había cometido un “número indeterminado de delitos”. Tras un peritaje de la Corte Suprema sobre los bienes de ambos, y de sus empresas, el magistrado determinó que estando en libertad los dos socios que se enriquecieron en la gestión kirchnerista podían entorpecer el accionar de la Justicia para detectar sus negocios ocultos y, sobre todo, para poder recuperar activos que posiblemente se habían comprado con dinero de la corrupción. Mucho dinero. ■
El juez Lijo le creyó a Vandenbroele, y empezó a tomar medidas de prueba clave.