Macri sigue pasando la barredora en la Justicia
El oficialismo ya tiene los votos necesarios. Si nada extraño sucede, el Consejo de la Magistratura aprobará hoy la acusación contra el juez federal Daniel Rafecas y lo citará a una virtual declaración indagatoria. Es el primer paso hacia la suspensión y enjuiciamiento del magistrado que sin tomar pruebas rechazó dos veces la denuncia del asesinado fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, por encubrimiento a iraníes en el ataque a la AMIA.
Hace seis días fue destituido el camarista Eduardo Freiler, que votó dos veces avalando aquel cierre sin investigación de la denuncia de Nisman. Y hace tres semanas renunció la procuradora general Alejandra Gils Carbó, clave en el dispositivo judicial del kirchnerismo: se irá el 31 de diciembre pero ayer pidió tres semanas de licencia “por enfermedad de largo tratamiento”.
Son efectos directos del contundente triunfo electoral de Mauricio Macri y Cambiemos hace apenas un mes. Pero sería conveniente no confundir esta limpieza con un cambio estructural en la Justicia. El Presidente está pasando una barredora tan potente como necesaria; pero la retroexcavadora que remueve escombros y prepara el terreno para una nueva construcción sigue apagada en el galpón. También a esto le llaman gradualismo.
El kirchnerismo, atontado por la derrota, boquea por en los medios denunciando persecución política. Ya no es tanto el ruido que hace, ni la atención que le prestan.
La presentación contra Rafecas fue formalizada ayer por el senador radical Angel Rozas. Son 63 páginas en las que se lo acusa de “favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento”. También sostiene que el juez dictó una “sentencia fraudulenta” al rechazar la denuncia de Nisman.
La Comisión de Acusación de la Magistratura tiene nueve miembros. Aprobar los cargos requiere mayoría simple. Esos votos serían los del senador Rozas, el actual legislador y gobernador electo de Corrientes Gustavo Valdés, el diputado Pablo Tonelli – los tres de Cambiemos-, el abogado Miguel Piedecasas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques.
El oficialismo confía en sumar algún voto más. Como el del académico Jorge Candis, un kirchnerista que hasta hace pocos meses defendía a Freiler, pero que ahora –según fuentes de Cambiemos- “nos aprueba todo lo que le pedimos”. Habrá que verlo.
A Freiler se lo echó por mal desempeño, porque no pudo justificar un aumento de 20 millones de pesos en su patrimonio. Pero el caso de Rafecas puede interpretarse –en la libre interpretación que siempre permite el Derecho- que se lo quiere sancionar por el contenido de sus fallos. Eso está contraindicado en la jurisprudencia de la Corte Suprema: es el núcleo original de la independencia de la Justicia.
El kirchnerismo, como último recurso, está agitando este argumento. Pero incurre en un olvido manipulador, típico de su relato. Hace doce años, siguiendo la orden de Néstor Kirchner para desplazar de la Corte a la mayoría automática del menemismo, el contenido de una sentencia determinó la destitución del juez supremo Antonio Boggiano.
Ayer Rafecas reiteró ante Clarín que la denuncia de Nisman “no establecía una hipótesis de delito que investigar”. Sostuvo que por eso le estaba vedada la posibilidad de abrir el caso a prueba. Y en cuanto a la celeridad para cerrar la denuncia, afirmó que sólo cumplió con el Código Procesal, que establece tres días de plazo para abrir una causa o desestimarla por inexistencia de delito.
Recordó que cuando el bloque del Frente para la Victoria denunció al gobierno de Macri por el uso intensivo de Lebacs y la fiscal Paloma Ochoa (de Justicia Legítima y La Cámpora) pidió 16 medidas de prueba, él desestimó la denuncia en pocos días como había hecho con la de Nisman.
Pero conociendo sobre qué carriles corre su caso, Rafecas remarcó que “es grave que se busque remover a un juez por sus fallos”. Y agregó que el “ámbito discrecional” del magistrado para interpretar y aplicar las leyes “debe ser respetado desde la política”.
Frente a esta encrucijada dialéctica el oficialismo armó su propio argumento. “No se puede juzgar a un juez por el contenido de sus sentencias, a menos que éstas sean frau- dulentas”, acotan desde el Gobierno. A eso apunta el texto del senador Rozas.
Si avanza la acusación contra Rafecas por cerrar la denuncia de Nisman sin tomar pruebas, y destituido Freiler que fue uno de los camaristas que avaló aquella doble decisión del juez, quedaría en posición incómoda el otro camarista firmante, Jorge Ballestero. Este magistrado tomó urgente distancia de las necesidades del kirchnerismo. Pero fuentes oficiales dicen que esa conversión tardía no le garantiza nada.
Es notorio que a favor de la supremacía consolidada en las urnas, funciona con mayor contundencia la maquinaria oficialista de sumar votos en el Consejo de la Magistratura.
El mejor ejemplo fue el 6a1 con que se descabezó a Freiler, a quien hasta antes de la elección el kirchnerismo consiguió defender con éxito. Del Jury de Enjuiciamiento sólo la irreductible diputada Diana Conti se mantuvo firme en su puesto de protección al camarista.
La doble pinza del ministro de Justicia Germán Garavano y el consejero Mahiques amontonó voluntades por la destitución.
Al representante de los abogados, Raúl Piaggio, lo llevaron a conocer la mansión de 1.234 metros cuadrados que Freiler compró frente a la residencia presidencial de Olivos. Allí las objeciones se derritieron: Piaggio, aún con disidencias, votó por la destitución.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, un radical que no le tiene miedo al poder, terminó por conseguir el voto del senador de su provincia Walter Barrionuevo, peronista del Frente para la Victoria, que en diciembre concluye su mandato.
El año próximo el oficialismo deberá reunir los dos tercios necesarios para suspender y enjuiciar a Rafecas. Hará falta el voto de nueve de los trece miembros del Consejo. Ya saben que los representantes de los jueces, Luis Cabral, Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez, no levantarán la mano contra un colega. El margen se estrecha al mínimo.
Pero confían en la nueva integración del cuerpo después del 10 de diciembre. Un solo dato: se irá con mandato vencido la senadora Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner. En su lugar podrían entrar Miguel Pichetto o Rodolfo Urtubey. Son malas noticias para Rafecas.
En cambio el juez federal Ariel Lijo habría entrado en un remanso de alivio después de algunas semanas de zozobra. Eso, al menos, es lo que pronostican quienes desde el Gobierno trabajan sobre la Justicia.
Lijo, de estirpe política y respetado por sus colegas, acaba de citar a declaración indagatoria por el caso Ciccone a personajes del porte del interminable gobernador de Formosa Gildo Insfrán, el poderoso banquero Jorge Brito y el ex amo y señor de la AFIP, Ricardo Echegaray. Bonita manera de hacerse intocable hasta que amaine el temporal.
Hace dos semanas había ordenado la detención de Amado Boudou; casi en simultáneo con las versiones que lo vinculaban al ahora defenestrado camarista Freiler. Y entre la multitud de causas que se tramitan en su juzgado hay algunas de alta sensibilidad como la que involucra al Correo Argentino, empresa cercana al corazón de la familia Macri.
Ya lo decía Cristina: todo tiene que ver con todo. ■
Sería conveniente no confundir esta limpieza con un cambio estructural en la Justicia. También a esto lo llaman gradualismo.
Hoy aprobarán la acusación contra el juez Rafecas. En cambio el juez Lijo habría entrado en un remanso de alivio después de la zozobra.