Crecen las dudas sobre la reparación del buque tras la denuncia de un familiar
"Ninguna unidad zarpa sin estar en condiciones", aseguró ayer el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Más temprano, la esposa del radarista del ARA San Juan, Germán Oscar Suárez, dejaba en el aire una fuerte denuncia que vuelve encender las dudas ya existentes sobre el dudoso y extenso proceso de reparación y mantenimiento al que se sometió al sub- marino y su estado real al momento de emprender la que podría haber sido su última navegación.
"Mi esposo me comentó que tuvieron un desperfecto en 2014 y que fue grave; eso es todo. Que fue grave y que generó un poquito de tensión y de miedo ahí adentro. Pero como después salió todo bien son cosas que se cuentan a la familia, no a la prensa", dijo Itatí Leguizamón, la esposa de Suárez.
Un marino en actividad contó a Clarín que en 2014 hubo problemas de filtraciones de agua y también dificultades con los planos, aunque desde Defensa no lo confirmaron. Además, bajo condiciones de anonimato, este diario habló con un empresario involucrado directamente con la reparación de media vida a la que debió someterse el ARA San Juan en 2005, y que por idas y vueltas terminó comenzando en 2008. Para los especialistas esa pérdida de tiempo para repararlo es inadmisi- ble.
El empresario que también trabajó en la renovación del sistema eléctrico del rompehielos Almirante Irizar - incendiado en 2007 y en reparación por una década- fue directamente al grano al afirmar que ante todo hay que poner la vista en las irregularidades de las contrataciones que efectuó la Armada y Defensa en esos años en que por orden del Astillero Domeq García, Tandanor hacía las licitaciones.
Entre otras puestas al días, al San Juan se le debieron hacer soldaduras en el casco, el "replacado" de 960 baterías que mueven sus motores, la alineación de los generadores y se le cambiaron 37 kilómetros de cables, entre otras reparaciones.
Molesto cuando vio que sólo "se lo usó" para justificar un concurso de precios, se retiró de la reparación del San Juan. Conocido en el mercado, contó a Clarín, por ejemplo, que su costo para desmontar, montar las nuevas baterías y hacer la interconexión de las mismas fue de unos 118.000 pesos y sin embargo se quedó con el negocio un subcontratista desconocido por un precio de entre 400.000 y 450.000 pesos.
El empresario sugirió que la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez - a cargo hoy de la investigación sobre el incidente- debería poner sus ojos sobre la documentación en Tandanor y abordar las gestiones de los ministros de Defensa de la gestión K, Nilda Garré, Arturo Puriccelli, Agustín Rossi y también de Mauricio Macri, Julio Martínez, quien estuvo al frente durante más de un año y medio. ■