Avanza la denuncia por lavado contra la sucesión de Grondona
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció ante la Justicia Federal por presunto lavado de activos a Genaro Aversa, Julio Grondona, Roberto Petti, Aparicio Enrique Byron, a Limay SA (dueña del Hotel) y a un conjunto de empresas receptoras de cheques. Una de las principales sospechas sobre este "entramado societario" es la posible existencia de "conductas de inyección de fondos de origen ilícito en el mercado 'de curso legal", con la intención de alejar "el producto obtenido de su fuente de origen". Pidieron que se determine el "origen real" de los fondos a los que buscaron "darle apariencia de lícitos".
En medio de las declaraciones de Alejandro Burzaco, ex gerente general de Torneos y Competencias, donde admitió haber pagado coimas millonarias y en dólares al ex titular de la AFA Julio Grondona y a algunos ex funcionarios K, una nueva denuncia involucra al fallecido dirigente del Fútbol argentino.
La denuncia de 24 páginas, a la que accedió Clarín, quedó radicada en el juzgado del juez Marcelo Martínez De Giorgi. La PROCELAC analizó en primera instancia una presunta maniobra defraudatoria que involucra a todos los imputados y que se encuentra abierta en la justicia de Ushuaia. En dicho contexto, se sumó un "hecho novedoso": el "desvío de fondos en favor propio y/o de terceros, por la suma de U$S 900.000, obtenidos mediante la suscripción de un contrato de mutuo en 2010 con Aparicio Byrom (empresario mexicano apuntado como un posible testaferro de Grondona)".
Según la Procuraduría, el dinero acreditado "engrosó el pasivo societario (que según la denuncia continúa sin ser saldado), perjudicando así el capital social de la empresa". De la operatoria denunciada participaron Genaro Aversa (yerno de Grondona), Julio Grondona y Roberto Petti, (socios de la Firma Limay S.A.) y Gustavo Soffici (ex gerente de Limay S.A.).
El préstamo cobró estado público después de una nota oficial librada por el gerente del hotel Fueguino (propiedad de Limay SA), Silvio Pires, el 28 de diciembre 2011, quien comunicó tal circunstancia al Banco de Tierra del Fuego.
Este contrato entre Limay y Aparicio Byrom, y el posible aporte de fondos en "empresa deficitarias", fueron determinantes para ampliar la denuncia. Para la Procelac, los dueños de la sociedad, el empresario mexicano y otras firmas intervinientes, constituyen "un entramado societario" utilizado para "canalizar flujos de dinero de manera marginal".
Por eso se investigan otras firmas receptoras de constantes cheques emitidos por Limay SA, sospechados de ser "espurios", como ser la asociación Mutual de Panaderos, que se encuentra en situación de irrecuperable (atraso de más de 365 días), Cerealera Azul (incluida en el Registro de Entidades Inactivas) y Pago Rural SA (tiene un juicio por $1.834.611), con medida cautelar vigente.
Como dato no menor, el Juzgado Distrito Sur investiga a Aversa por el desvío "a su favor o de un tercero" de los fondos de un crédito por $3.450.000 que otorgó el Banco Tierra del Fuego. Aversa, junto a Grondona, registran además un "alto nivel de endeudamiento" que se debe tomar en cuenta según la PROCELAC "por cuanto el nivel de gastos y/o consumo elevado debería ser cotejado con los niveles de ingresos declarados y los perfiles financieros y fiscales que se obtengan". Ambos también son dueños de vehículos de alta gama, algo que no solo debe cotejarse con el "nivel de la inversión inicial para adquirirlos, sino también para utilizar y mantener dichas unidades". Justamente dicho hotel es el que vincula a la familia Grondona con un pedido que realizó la legisladora porteña, Graciela Ocaña. ■